JUJUY

Rechazan habeas corpus

Resisten en El Pongo:imputan a los afectados entre ellos un "niño de 12 años"

El juez de Control Javier Salvatierra imputo por surpación por Despojo y Turbación a los poseedores de Hornillos, en Finca el Pongo. Las abogadas de las familias campesinas recurriran la resolución.

Resisten en El Pongo:imputan a los afectados entre ellos un "niño de 12 años"

 

Transcurre el cuarto día de hostigamiento a familias campesinas en Hornillos, Finca El Pongo que resisten. Aunque un hecho insolito sucedió en una audiencia donde imputaron a 13 personas entre ellos un niño de 12 años, asi lo solicito  el fiscal Diego Funes  del Ministerio Publico de la Acusación.

El gobierno provincial busca despojar con violencia, en un marco de ilegalidad para ceder ese territorio a una empresa china Tsinshan Mining Development para la construcción de una planta destinada a elaborar hidróxido de litio.

El habeas corpus colectivo presentado ayer por las familias de Finca el Pongo fue rechazado por el juez  Javier Salvatierra, y aceptó el pedido de imputación por el delito de Usurpación por Despojo y Turbación de la Posesión (ARt.181 inc.1° y 3° del C.P.) en el legajo P-18571/25, para las 13 personas entre ellos un niño de 12 años.

La justicia en plena feria judicial acciona contra las familias que residen cerca 5 generaciones en Perico, como lo hizo cuando instaló Cannava SE. El conflicto en El Pongo empezó a profundizarse con los intentos de desalojos desde enero impulsados por Sonia Leis , Vice presidenta Zona Franca y Administradora de Finca El Pongo.

Tras una extensa audiencia virtual quedaron imputados: Griselda Ibáñez, Gregoria  Colque , Lorena Condori, Nahuel Calizaya, Viviana Vargas, Eva Calisaya, Mirta Rodríguez, José Pablo Rosado, Rafael Herrera , Ema Miranda, José Walter Cadena, Zaida de Rosario Ibañez, Domingo Soruco Anselmo y Axel Ibañez.

Las abogadas Silvana Llanes y Alejandra Cejas, calificaron la audiencia como una “aberración judicial”. El habeas corpus fue presentado para que se garantice la libertad ambulatoria de las familias, teniendo en cuenta la violencia de estos días.

 Cejas relato que se tenía que plantear el habeas corpus  para resguardar los derechos de 13 personas y terminaron imputados. “Funes informó que había una orden de desalojo para el padre de Griselda Ibañez sin señalar el lugar. Además hay una denuncia penal anterior en este expediente, medidas pedidas por el Fiscal Baiud porque tenían que realizar separación de inmuebles” remarco las irregularidades de la justicia.

También, señalo que “el juez reconoce que la orden de desalojo no está firme, y lo peor es que toman la carátula del habeas corpus para imputar a todos y decir que hay un acto de turbación” las contradicciones en la audiencia .

Explicó la abogada que “no puede haber turbación sobre un desalojo que no está firme y ahí lo imputan a un niño, es decir que si en la lista incluíamos a los nietos seguro los imputan.  El fiscal reconoció que tomaron los datos de la presentación y con eso imputan, lo peor es que el juez avaló”.

Las abogadas van a impugnar la decisión del juez Salvatierra “no conocía el procedimiento de habeas corpus, y además dijo que era juez penal y no civil” detallo. “Hemos solicitado que se agreguen las pruebas de enero del expte426 por las pruebas y no subieron al sistema. El fiscal hace una denuncia penal después de nuestro habeas corpus”.

El niño pidió la palabra en la audiencia  y relato su vida desde que nació en ese lugar junto a su familia y su desarrollo en la ciudad. Advirtió el temor de estos días.

“No hay justificación legal para lo que hacen” enfatizó Cejas “lo de Funes es un escándalo imputar a un chiquito de 12 años, utilizan el habeas corpus para resolver una imputación, esto habla de corrupción”. La abogada comentó que después de la imputación el fiscal dijo que "sí era menor, quedaba fuera de la imputación" subrayó el escándalo. 

Ante este conflicto que se inicio el año pasado, se suma a los desalojos de otras comunidades donde hay recursos naturales, inmobiliarias que se usa a la justicia para correrlas. En el caso de El Pongo, se involucraron concejales destacando la falta de diálogo por parte de las autoridades.

“No hay justicia para el ciudadano de a pie, acá si hay negocios en el medio no les importa si hay niños. Ellos obedientes sacan resoluciones, no les importa la vida del otro usan el poder judicial como brazo ejecutor para intimidar, desalojar el agravante

El asesor legal de la Administración de Finca El Pongo, Oliver Alaníz en estos días manifestó violencia verbal y distorsionando los hechos. A pesar de ellos el Concejo Deliberante de Perico, solicito informes al intendente Rolando Ficoseco y al Consejo de Administración. En este conflicto se desconocen informe de impacto ambiental, si se cumplieron con las audiencias para el desmonte.

Paralelamente mientras se realizaba la audiencia en la ciudad, en El Pongo llegaban comunidades indígenas solidarizándose con los afectados y realizar una asamblea, la policía no los dejaban ingresar.   

Cuatro días de efectivos uniformados de la policía de la provincia, personal de Bomberos, policías de civil y personal de la administración de El Pongo.  ¿Cuánto cuestan los operativos?, ya que la jueza de Paz Silvana Moreira aseguró frente a varios concejales periqueños que “el operativo les estaba costando mucha plata".

 

    



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