Sin actividad parlamentaria, la Legislatura patea la iniciativa popular sobre el tarifazo eléctrico

Fiel al ritmo que impuso Gerardo Morales a los poderes del Estado, hace más de un mes que la Legislatura provincial no tiene actividad parlamentaria, situación que, además, perjudica el tratamiento de la iniciativa popular por el tarifazo eléctrico.

La última sesión ordinaria se concretó el 27 de agosto. En aquella oportunidad, legisladores aprobaban la Ley de Ejercicio de la Actividad Farmacéutica y de Habilitación de Establecimientos Farmacéuticos; también se sancionó la ley que instituye el 29 de octubre como Día Provincial de los Cuidados y el Apoyo, además de diversas declaraciones de interés legislativo. Es decir, todas normativas de poca relevancia política.

Desde aquella 8º sesión, diputados y diputadas sólo continúan con trabajo en comisión.

Pasada tres semanas, ingresa a la Legislatura la iniciativa popular que pone el foco sobre las condiciones de la contratación de EJESA, la observación del margen de ganancias de la empresa y la posible quita de concesión. Con casi 19 mil firmas avalando el proyecto, el parlamento está obligado a discutirlo.

Hasta el momento el gobierno de Sadir busca desligarse de la responsabilidad de los tarifazos aplicados poniendo como excusa la quita de los subsidios por parte del Ejecutivo Nacional, del cual quiere despegarse, pero que en los hechos vota las leyes que el oficialismo libertario impulsa en el Congreso.

Los cuestionamientos a EJESA no sólo se corresponde con los incrementos, sino también a la baja calidad del servicio, con cortes reiterados en diversos barrios o bajas de tensión constantes que terminan por quemar electrodomésticos, también son parte de los reclamos.

En paralelo, la SUSEPU tampoco cumple con su función de contralor de la empresa, pese a que ese su rol. El órgano sólo sale con anuncios de multas cuando la ciudadanía comienza a expresar su descontento en las calles. En la última oportunidad que se registró un apagón masivo por el temporal de vientos, el Ejecutivo anunció sanciones económicas para EJESA y que se descontaría en la facturación, según la cantidad de días que usuarios habían visto afectado el servicio. Dicho descuento ni siquiera se percibió en la facturación, volviendo a quedar más como una declaración para contrarrestar el malestar generalizado.

Así, con un más de un mes de inactividad parlamentaria, la iniciativa popular debiera tomar estado parlamentario en la próxima sesión, de la cual no hay fecha.