La justicia, las fuerzas de seguridad y personal de la provincia a demanda del poder económico y político: en lo que debió ser la inspección ocular en Finca Guerrero, Guillermo Jenefes se presentó en el lugar y dio órdenes de actuar, tanto al fiscal Federico Zurueta, como a Gendarmería.
A mediados de octubre de 2024, la comunidad kolla de Guerrero fue desalojada de la Finca que ocupaban ancestralmente. El operativo dio por finalizada la disputa territorial desatada hace 17 años entre la familia Jenefes, señalando ser heredera de Susana Carrillo de Quevedo Cornejo y la comunidad indígena que, hasta ese entonces, se encontraban ocupando el lugar de común acuerdo. Todo eso cambió en 2007 cuando las familias de Cipriano Bustamante y Santiago Cruz (que habían trabajado para Quevedo) iniciaron el trámite de posesión veinteñal en unas hectáreas de la finca. Con intervención de la Secretaría de Pueblos Indígenas, la comunidad obtiene la personería jurídica, trámite que luego, a pedido de Jenefes, el gobernador Gerardo Morales revoca en 2016. A pesar de ello, el pueblo kolla de Guerrero ya había obtenido la carpeta RETECI (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas) concedido por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.
La comunidad kolla de Guerrero en la entrada de la finca
Sin vivienda, sin sus animales y sin sus pertenencias, las familias indígenas también denunciaron la destrucción de cuatro antigales, sitio arqueológico por el cual esperan ser querellantes en la causa, lo único que falta son las pruebas, proceso que la familia Jenefes viene dilatando desde hace casi dos años, impidiendo la realización de la inspección ocular. La última citación fue para este martes, donde la comunidad indígena se negó a participar, al considerar que no estaban dadas las garantías.
Con la presencia de la abogada Mariana Katz del SERPAJ -Servicio de Paz y Justicia- en calidad de veedora, además de personal de Patrimonio de la provincia, la abogada de la comunidad Andrea lupiañez y la comunera Maxima Bustamante, la llegada de Guillermo Jenefes para ordenar al fiscal Federico Zurueta y a Gendarmería de cómo se debía llevar a cabo el proceso, hizo que las familias indígenas y sus representantes decidieran que no iban a ingresar, al indicar que no estaban dadas las garantías para un proceso normal. Las familias desalojadas, además, resaltaron la presencia de personal de seguridad privado.
“Luego de haber quedado que no se iba a ingresar porque no estaban dadas las garantías de seguridad por parte de la Fiscalía Federal, por órdenes de Jenefes que dio al fiscal Zurueta, hicieron que de todo modos ingresen para hacer la inspección a cargo de la Gendarmería y obligaron a personal de Patrimonio de Jujuy para que sí o sí ingresen, aunque sea todo de manera irregular, siendo el guía un empleado del terrateniente vaya y constate los lugares arqueológicos”, denunciaron las familias indígenas.
En ese sentido, recordó que la misma maniobra se realizó en el mes de julio, cuando la justicia le negó a las familias despojadas a participar de la inspección ocular y catalogaron “la impunidad con que se maneja es asquerosa”, en refencia al ex vicegobernador y empresario de medios de comunicación.
Por último, apuntaron “la justicia de Jujuy, provincial y federal, en manos de los políticos-empresarios y feudales, pero todo tiene que llegar a su fin”.
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