JUJUY

Comuneros advirtieron que resistirán

Una nueva notificación de desalojo para la comunidad de Cueva del Inca

Pese a que la justicia federal sigue sin resolver un amparo, a fines de mayo una jueza de la provincia resolvió aplicar una nueva resolución para el despojo territorial

Una nueva notificación de desalojo para la comunidad de Cueva del Inca

 

A poco de cumplirse un año del desalojo y la destrucción de viviendas de sus integrantes, la comunidad de Cueva del Inca nuevamente fue notificada con una orden de despojo territorial, pese a que la justicia federal aún no resolvió la cuestión de fondo.

Fue la jueza provincial Marisa Rondón del Juzgado de Primera Instancia en lo Civil y Comercial Nº3 que dispuso de la medida que favorece al empresario hotelero Carlos Gustavo Vázquez, quien señala ser dueño del territorio que ocupa ancestralmente la comunidad aborigen, tal como lo indica la carpeta del RETECI -Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas-.

Con fecha del 27 de mayo, la orden llegó a nombre Javier Mamaní, entre otros comuneros.

Frente a la notificación, la comunidad expuso que la medida es “improcedente porque el desalojo ya que intentaron el 7 de julio del 2025 y defendimos nuestros derechos mediante Expte.N° C-100406/2017 Acción de Despojo, el cual está en la Corte Suprema y estamos esperando resolución”. En lo que puede convertirse en otro intento de despojo, comuneros y comuneras advirtieron que resistirán.

Sobre este punto, cabe recordar que la comunidad luego de 48 horas del desalojo, en el cual se demolió ilegalmente la vivienda de Miriam Alfaro, presidenta de la comunidad junto a una casilla de turismo comunitario, volvió a su territorio en la Quebrada de Sarahuaico, aunque el hostigamiento por parte del empresario no concluyó, por lo que la propia Alfaro presentó una denuncia en la Fiscalía Federal por los actos de intimidación.

Con anterioridad, el 22 de abril de 2025, la comunidad ya había sufrido un violento desalojo por lo que se interpuso una denuncia en la justicia federal, la cual sigue sin resolverse, por lo que el foro provincial tampoco debería accionar. El operativo se llegó a cabo, pese a que el día anterior, Javier Mamaní ya se había retirado de forma voluntaria y pacífica del lugar.

La discusión también se origina respecto a la ubicación en disputa, desde la comunidad señalaron que la finca La Cortadera que reclama el empresario Vázquez se encuentra a 3 km al noroeste de donde se asienta la comunidad.

 



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