NACIONALES

Furia libertaria

Martes negro para el gobierno: la ley Ómnibus vuelve a comisión y cautelar contra el protocolo antipiquetes

Sin contar con los votos, el presidente del bloque libertario en Diputados pidió dar marcha atrás con el tratamiento en el recinto. En tanto, la justicia federal ordenó al Ministerio de Seguridad adecuar la actuación de las fuerzas federales

Ilustración: Sergio Ibaceta
Ilustración: Sergio Ibaceta

 

El llanto de Javier Milei en el muro de los lamentos en Jerusalén fue casi un anticipo del revés que tuvo su gobierno en el día de ayer, donde la Cámara de Diputados se decidió volver a tratar en comisión el proyecto de la Ley Ómnibus, además de sumarse la medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich.

Respecto a la ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, fue el propio oficialismo que impulsó en la discusión dentro del recinto que vuelva a ser analizado en comisiones, al no contar con los votos para aprobar artículos claves, como las privatizaciones de las empresas públicas, las reformas a la ley de sostenimiento de la deuda y el agravamiento de penas para limitar las protestas sociales.

El viernes último, La Libertad Avanza con el apoyo del PRO, UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal lograba aprobar la ley de forma general, no así en particular, por lo que se estableció un cuarto intermedio hasta este martes, donde se iba a tratar artículo por artículo, que suman en total 646.

La moción de devolver el proyecto a comisión fue formulada por el presidente del bloque de la Libertad Avanza, Oscar Zago, tras lo cual el presidente del cuerpo, Martín Menem, levantó la sesión.

El pedido de Zago sucedió luego de un cuarto intermedio solicitado para buscar acuerdos sobre el capítulo 7 de privatizaciones y la convocatoria a una reunión de Menem con los jefes de bloques, donde se definió la vuelta a comisión del proyecto.

Con esta resolución, la iniciativa deberá empezar a tratarse de nuevo desde cero, al considerarse caída la aprobación general.

En un principio, el oficialismo logró algunos puntos: aprobar la declaración de emergencia, las facultades delegadas -aunque no logró todos los alcances que planteaba-. No tuvo la misma suerte con la mayoría de los artículos de la reforma administrativa del Estado.

Siendo minoría, ya que en Diputados La Libertad Avanza apenas tiene 38 diputados de los 257 y llegó a construir una mayoría con 144 votos para aprobar en general el proyecto, y preservó esa ventaja con 134 votos para aprobar en particular los artículos de emergencia y la mayoría de las delegaciones de facultades.

Pero ese consenso se empezó a caer cuando se trató el inciso h sobre las facultades para modificar, unificar o eliminar fideicomisos o fondos fiduciarios públicos creados por normas con rango legal, inclusive los destinados a subsidios, revisar su procedencia y destino para lograr una mayor racionalidad, eficiencia, eficacia, transparencia y control del uso de recursos públicos.

En tanto, los incisos i y j también fueron rechazados al cosechar 123 positivos contra 130 negativos y estaban referidos a la facultad sobre la política de hidrocarburos y tarifas energéticas y sobre seguridad, temas considerados por el oficialismo.

En ese sentido, el inciso j permitía fortalecer la actuación de las Fuerzas Federales de Seguridad en la investigación, prevención y lucha de los delitos complejos y el crimen organizado; la producción y tráfico de estupefacientes; la corrupción de niños, niñas y adolescentes; terrorismo; las privaciones ilegítimas de la libertad agravadas; los delitos aduaneros; los secuestros extorsivos y trata de personas.

A esa situación se agregó el rechazo de cinco de los seis incisos que contenían el quinto artículo de la iniciativa producto de la negativa de los bloques de Unión por la Patria, la Coalición Cívica, un sector del radicalismo y otro del bloque Hacemos; en tanto que el PRO, la mayoría de la UCR y La Libertad Avanza votaron a favor.

“Al oficialismo le encanta seguir perdiendo. Traten de receptar algunas propuestas y de ganar, siempre hay que ganar”, expresó el titular del bloque Hacemos, Miguel Ángel Pichetto, antes de pedir un cuarto intermedio de quince minutos con los jefes de los bloques y el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

A eso se sumó que tampoco tenían asegurado los votos para su propuesta para privatizar unas treinta empresas, con lo cual el oficialismo se quedaba sin los artículos centrales que son el corazón de la iniciativa.

Caído el tratamiento, el gobierno responsabilizó a los gobernadores por el retorno a comisión de la ley Bases. “El presidente Javier Milei asumió el 10 de diciembre de 2023 con la responsabilidad de liberar las fuerzas productivas de la Nación, enfrentar la inflación y terminar con el déficit. Bajo este mandato, no va a permitir que quienes hace años se benefician de un sistema corrupto y empobrecedor frustren el futuro de todos los argentinos”, manifestó la oficina del mandatario en un comunicado oficial.

Sin embargo, este no sería el único revés que obtenía el Ejecutivo nacional en la jornada de ayer: la Justicia Federal dictaba una medida cautelar contra el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich y exhortó al Ministerio de Seguridad a “adecuar la actuación de las fuerzas federales a los límites impuestos por nuestro Sistema Constitucional de Derecho” y llamó a respetar las normas internacionales de derechos humanos, explicado y desarrollado por los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.

La decisión del Juzgado Criminal y Correccional N°7 responde al pedido de inconstitucionalidad del “Protocolo para el mantenimiento del orden público ante el corte de vías de circulación” que fuera presentado el pasado 18 de diciembre por Celeste Fierro, legisladora porteña del Movimiento Social de los Trabajadores (MST).

Asimismo, el fallo ordenó instó a la cartera que maneja Bullrich a que se sujete “al mandato legal que deriva del Código Procesal Penal de la Nación y el Código Procesal Penal Federal”.

 

Por otra parte, convocó a una audiencia de habeas corpus el próximo 14 de febrero a las 11 para que comparezcan representantes del Ministerio de Seguridad de la Nación, las accionantes y la titular de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 10.



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