OPINIÓN

Adhesión al 1F

La Abogacía Independiente de Jujuy: por una verdadera y profunda transformación del Poder Judicial

Solicitan que se garantice el Estado de Derecho, la independencia y el acceso a la justicia para todos los justiciables, así como el rol indispensable de auxiliares de Justicia de los Abogados y Abogadas en el Sistema del Poder Judicial de la Nación y d

La justicia como construcción colectiva. Río Negro, 2013. Foto Lucas Arrimada
La justicia como construcción colectiva. Río Negro, 2013. Foto Lucas Arrimada

La Abogacia Independiente de Jujuy en un comunicado expresaron su posicionamiento y adhesión a la convocatoria del 1F, solcitando la transformacion del Poder Judicial , y que se garantice el Estado de Derecho, la independencia y el acceso a la justicia para todos los justiciables, así como el rol indispensable de auxiliares de Justicia de los Abogados y Abogadas en el Sistema del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias.

En la crisis institucional del año 2001, diversos actores han impulsado las movilizaciones contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación como réplica al desprestigio de un tribunal que estaba al servicio del poder económico y no de las mayorías populares ni de los justiciables.

Fueron estas movilizaciones sociales que permitieron el profundo cambio de ese tribunal, cuya composición posterior se destacó por sentencias a favor de las y los trabajadores, como la declaración de inconstitucionalidad del sistema de riesgos de trabajo, de las jubilaciones, la garantía de los salarios justos, de los despidos discriminatorios, de obligatoriedad de audiencias públicas para la fijación de tarifas, entre otros tópicos relevantes para el derecho social. 20 años después volvemos a las puertas del Palacio de Justicia porque advertimos que esta Corte Suprema en su composición actual no da para más.

Es una Corte con jueces que aceptaron integrarla a pesar de ser nombrados por un ilegal decreto presidencial, el fallo del 2x1 a los genocidas, la negativa de todos los ministros desde 2012 hasta mediados de 2019 a exhibir sus declaraciones juradas patrimoniales, las inadmisibles demoras en resolver más de 50 recursos en causas de lesa humanidad (incluyendo el caso de Carlos Blaquier, dueño del ingenio Ledesma, en el que tardó 6 años solo para revocar una falta de mérito), entre otros conflictos, menguaron la reconstrucción institucional que había logrado luego de la debacle de 2001-2002. Se tomó 3 años y 6 meses para resolver sobre la constitucionalidad de la reforma de 2006 a la integración del Consejo de la Magistratura. En total, al sistema de justicia le llevó 15 años decirnos que el órgano que elige a los jueces funciona violando la Constitución Nacional. Esto es sencillamente inaceptable. Justicia lenta no es justicia.

Demora años en resolver las causas laborales, previsionales y colectivas, relevantes para el poder económico, proactiva con los empresarios y sorda con las necesidades de las personas.

Es una Corte que a pesar de tener un fondo anticíclico millonario no destinó un peso a resolver la crítica situación edilicia, y que en la pandemia significó la paralización y dilación de los procesos laborales que ya duran 6 o 7 años, entre muchos otros.

En ese escenario peticionar a las autoridades y expresarse libremente es esencial para el buen funcionamiento del sistema democrático.

Todas estas razones y algunas más son suficientes para que con el debido cumplimiento de las normas constitucionales implique un cambio en su composición, y que un nuevo tribunal, sea garantía de vigencia de los derechos humanos y sociales garantizados por la Constitución Nacional y por los Tratados Internacionales.

Esto también repercute en Jujuy con la carencia de jueces y juezas designados en las diversas vacancias, resultando ilusorio con ello el Estado de Derecho cuando los procesos son contados por décadas. Ello no hace más que consolidar las desigualdades históricas y el acceso a una correcta administración de justicia de la que carecemos.

Porque queremos una verdadera y profunda transformación del Poder Judicial, que efectivice la perspectiva de género tanto en sus fallos como en su composición paritaria, que garantice el Estado de Derecho, la independencia y el acceso a la justicia para todos los justiciables, así como el rol indispensable de auxiliares de Justicia de los Abogados y Abogadas en el Sistema del Poder Judicial de la Nación y de las Provincias, adherimos a la convocatoria del 1F.

FIRMAN: Claudia González- Alicia Chalabe – Amelia de Dios –  Marina Vilte – Daniel Gustavo Ibáñez – Lucio Plaza – Facundo Vargas Durán – Javier Bach Bilbao- Graciela Jerez- Juan Baigorria- Facundo Suse- Nicolás Lafuente- Marcelo Forniels- Alejandra Cejas- Roberto Pérez- Bruno Montaño- Luciana Nieva del Castillo- Raúl Antonio Domínguez- Valeria Amador.



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