Días atrás salió a la luz un escándalo en Ospail, obra social del Sindicato de Obreros y Empleados del Azúcar de Ingenio Ledesma -SOEAIL- por maniobras fraudulentas y que involucra al diputado libertario Manuel Quintar, a quien se señala de inhabilitar las cuentas de la obra social y paralizar el servicio.
El secretario general del SOEAIL, Luciano Lezano acusó al diputado nacional de La Libertad Avanza y empresario de la salud, Manuel Quintar de querer apoderarse del control de la obra social. “Es grave lo que está pasando y queremos que se destrabe todo esto. La gente necesita atenderse por diferentes enfermedades. Lo denuncie a Quintar y a los de la gestión anterior por malversación de fondos. Vino a apretarnos para que aceptemos su negocio que es sacar plata al gremio por la obra social” expresó enojado ante la insistencia del libertario que fue abogado de la gestión anterior.
La jugada de Quintar fue junto al ex presidente de la obra social del gremio, Miguel Guerra y su ex tesorera, Julieta Chocala para quedarse con las prestaciones de salud y un inmueble.
Lezano denunció en la Secretaría de Trabajo de Nación al anterior secretario general de SOEAIL Vicente Bande, quien acordó con Quintar para que OSPAIL, la obra social de los azucareros, le alquilara el edificio para el funcionamiento de la clínica Sagrado Corazón, bajo el gerenciamiento de una SRL cuya propiedad le atribuyen al libertario y su pareja.
La obra social está con un procedimiento de crisis, pero está funcionando mínimamente.
En medio de la judicialización del caso, hoy los trabajadores, la familia azucarera realizará un abrazo simbólico de apoyo y resolución pronta a las gestiones del gremio y OSPAIL para volver a tener el servicio de salud.
En ese sentido, Lezano sostuvo “se dedican con otro sector a desinformar a los afiliados. Aparecieron con una patota para amedrentar, todo es con violencia, amenazas y no queremos ser cómplices de esa estafa y por eso está denunciado y las asambleas truchas también han sido impugnadas” relató.
Asimismo, en la disputa se encuentra el senador Ezequiel Atauche que manejaría la delegación de la Secretaría de Trabajo de Nación en Jujuy. Además, Quintar también en la mira por las negociaciones con el PAMI y su clínica donde realiza prestaciones y además los trámites a personas con discapacidad concentrando el trámite.
SOEAIL avanzó con la denuncia penal contra el legislador Quintar en la justicia federal y los ex integrantes de la comisión directiva del sindicato por el contrato millonario que pretendían y, lo más grave, por cortar la atención médica a los afiliados. Así, el secretario general del SOEAIL se encuentra en Buenos Aires gestionando y ya se realizaron presentaciones por la obra social ante la Superintendencia.
Por otra parte, se suma la interna dentro del sindicato desde que Lezano asumió y que quedaron plasmadas en disputas por redes sociales, los cuestionamientos de las asambleas paralelas, incluso una en la calle que debió ser impugnada por las irregularidades.
Los cuestionamientos a Lezano no sólo es por el manejo de la obra social -fue denunciando por la muerte de una afiliada a quien no se le realizó la entrega de medicación-, sino también por los centenares de despidos y los incrementos que desde Ledesma SAAI se niega a conceder. Se lo acusó al secretario general de SOEAIL de aceptar una paritaria a la baja, aunque se supo que en octubre las partes se volverán a sentar a negociar para revisar la actualización salarial.
El trasfondo del conflicto es la obra social que debió haber roto un contrato que tenía Quintar con la obra social y un endeudamiento de 500 millones de pesos antes que se vaya a la gestión anterior. La respuesta de Quintar fue cerrar la cuenta de la obra social por lo que el servicio es mínimo para las atenciones médicas.
El contrato leonino firmado entre la clínica de Quintar y Vicente Bande es por la cesión por 12 años a la obra social el servicio, con la posibilidad de una prórroga de otros 12 años más, es decir, un acuerdo de 24 años de mil millones de pesos.
Frente a las acusaciones, el diputado Quintar trató de desviar el conflicto con su clínica señalando que se trata de una operación política y sostuvo “yo solo fui abogado de la clínica, le brindé asesoramiento legal”.
Apenas asumió Lezano, se inicia la disputa: el secretario general descubrió que Ospail tenía una deuda por 183 millones de pesos, fechada en 2022. Pero el ex titular de la obra social y su por entonces tesorera firmaron documentos que certificaban el incremento de ese monto a casi 500 millones, después de haber perdido la conducción gremial el año pasado. “Firmaron en diciembre, cuando ya no estaban en el sindicato”, apunta Lezano.
La transición fue traumática: según los vencedores, Guerra se robó las actas de la elección. “Los ex dirigentes se borraron porque Guerra y Quintar pusieron plata para que la junta electoral demore la firma de las actas de asunción, cosa que hicieron después de 8 meses”, precisó el secretario general actual y abundó: “yo presenté las actas de cierre de escrutinio y, con eso, me dieron una certificación provisoria, pero el plazo ya venció”.
Los nuevos responsables del sindicato, que ganaron con la consigna de mejorar la cobertura de la obra social, decidieron auditar las facturas y se dieron cuenta que el monto que Vicente Bande -el secretario general anterior- pagaba a la clínica vinculada a Quintar trepaba a 60 millones de pesos mensuales. Eso excedía el valor de las prestaciones, que con el correr de su gestión comprobaron que rondaban solo 18 millones. “Estamos ante una posible estafa y, como nosotros quisimos revisar, Quintar y su gente quieren corrernos del sindicato”, afirmó Lezano.
Además, el sindicalista denunció la maniobra en la Fiscalía de Delitos Patrimoniales del Ministerio Público de la Acusación y pidió intervención urgente de la Secretaría de Trabajo. En esa dependencia, los opositores a Lezano radicaron una denuncia. Pidieron que “reconozca la asamblea extraordinaria iniciada el 22 de agosto y concluida el 29 de agosto, mediante la cual se revocó, se expulsó y destituyó a Lezano”, de la secretaría General del sindicato y la presidencia de la obra social.
Mientras tanto, Guerra y Chocala dejaron a Lezano sin firma para el manejo de la obra social, por esa razón, peligra la atención de 5.100 afiliados directos: “tenemos familias con niños discapacitados, pacientes con tratamientos oncológicos y personas que sufren diabetes”, denuncia Lezano.