La soberanía en venta: la Corte Suprema de la Nación repuso un articulo del DNU 70 que derogó la Ley de Tierras

A pocos días de asumir la presidencia, Javier Milei quiso barrer con un sinfín de leyes bajo la excusa de desregularizar la economía, así, el 20 de diciembre de 2023 firmaba el DNU 70 que establecía, entre algunos puntos, la derogación de la Ley de Tierras, articulo que fuera judicializado, por lo que había quedado sin efecto hasta ayer lunes: la Corte Suprema de la Nación repuso el artículo 154 y con ello, abrió la puerta para la extranjerización del territorio argentino.

Aprobada en 2011 por amplia mayoría en el Congreso, la Ley 26.737 -conocida como Ley de Tierras- la normativa frenaba la concentración de grandes extensiones de tierra rural en manos de capitales extranjeros y proteger recursos clave como el agua dulce imponiendo un límite del 15% de posesión. Asimismo, se prohibía la adquisición de inmuebles que contuvieran o limitaran con lagos y ríos de envergadura y permanentes, medida para defender un recurso escaso como el agua. También se creó el Registro Nacional de Tierras Rurales, que permitió, por primera vez, tener datos oficiales y federales sobre quién es dueño de la tierra rural argentina.

Todo eso quedó sin efecto con el fallo de la Corte Suprema: en ocho páginas, Horacio Rosatti, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz argumentaron que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para impulsar una acción colectiva, amparo por el cual la Cámara Federal de La Plata había declarado inconstitucionalidad el artículo 154 del DNU.

Para los cortesanos, la soberanía no es un bien jurídico ni colectivo, tal como expresaba la Cámara Federal de La Plata y que apuntó que estaban en juego “derechos de incidencia colectiva que tienen por objeto bienes colectivos, en este caso, la soberanía nacional como bien tutelado, que es ejercido por una de las asociaciones” en relación a la presentación de la organización de ex combatientes.

Sí, el fallo de la Corte abrió la puerta a la extranjerización de las tierras y que el Ejecutivo ya intentó con la ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, donde la oposición logró que el oficialismo tuviera que dar marcha atrás con parte del proyecto, en particular, toda la referencia a venta de tierras a extranjeros. Asimismo, se entiende como guiño al gobierno libertario, debido a que no se expidió sobre la constitucionalidad o no del decreto presidencial, que es la cuestión de fondo.

La decisión de los tres jueces rápidamente fue repudiada por dirigentes y hasta por el propio CECIM, que había interpuesto el amparo. “La Corte acaba de poner, este 29 de septiembre, a la República Argentina en venta”, indicó el centro de combatientes.

Organizaciones también comenzaron a barajar la posibilidad de volver a movilizar en las calles como lo hicieron aquel jueves 6 de septiembre, fecha en que se registraron multitudinarias manifestaciones y siendo el epicentro el Congreso.