Se conocieron dos casos aberrantes similares donde las infancias fueron víctimas de sujetos que se ampararon en la impunidad del tráfico de influencias, pero la justicia les llegó.
Se trata un caso del conocido empresario Daniel Juárez a 35 años, por los delitos de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por el vínculo, la convivencia y la guarda, abuso sexual simple, corrupción de menores, amenazas coactivas y amenazas coactivas agravadas por el uso de armas, además de delitos vinculados con la producción de representaciones de partes genitales de una persona menor de 18 años y la tenencia de pornografía infantil.
El hombre de 45 años de edad, acusado de múltiples delitos cometidos en perjuicio de cuatro víctimas menores de edad, entre ellas dos de sus hijos, por hechos ocurridos durante distintos períodos comprendidos entre los años 2013 y 2024.
El tribunal estuvo integrado por el presidente Mario Ramón Puig y los jueces vocales Martín de Athayde Moncorvo y Elio Luciano Yapura, además de la agente fiscal de la Fiscalía Especializada en Violencia de Género, Violencia Sexual e Intrafamiliar N° 3 de la Circunscripción Judicial San Salvador de Jujuy, María Emilia Curtem Haquim.
Durante el debate oral, el MPA sostuvo la acusación contra el enjuiciado y solicitó la pena de 35 años de prisión.
La investigación judicial alcanzó el ámbito del ciberdelito al comprobarse que el acusado incurrió en la producción de representaciones de partes genitales de menores de 18 años y en la tenencia de pornografía infantil.
Con esta resolución, la Justicia sienta un precedente de protección decisivo para la infancia, ratificando la severidad de las penas ante casos de extrema vulneración de derechos en el ámbito intrafamiliar.
El Tribunal tuvo por acreditados los hechos y lo condenó a la pena de 35 años de prisión, haciendo lugar al pedido efectuado por el Ministerio Público de la Acusación.
Pese a la condena, el empresario llegó al juicio gozando algunos beneficios: el proceso lo pasó en su domicilio, al mismo tiempo que mantuvo acceso a redes sociales, situaciones que no ocurre con el resto de detenidos por causas con la misma gravedad.
Condena social
El otro caso es de un conocido chef, Gastón “Fatiga” Carrizo a la pena de 36 meses de prisión ejecución condicional por ser autor material y penalmente responsable de un hecho encuadrado en el delito de abuso sexual simple agravado por la guarda.
Así lo resolvió el juez penal dando lugar al acuerdo de juicio abreviado celebrado entre el imputado con la asistencia de su defensor y el representante del Ministerio Público de la Acusación.
La justicia debe buscar reparar el daño a las víctimas, el caso de Carrizo causó repulsión en las redes por la impunidad con la que venía el caso y entre la cantidad de amistades “no sabían” el horror de un pacto de silencio.
La publicación en redes sociales de la ex pareja refleja el dolor de transitar un camino buscando demostrar el daño de un perverso que durante años y con la complicidad de su defensor acceder a un juicio abreviado. Allí, la mujer dio a conocer parte de las resoluciones judiciales que dan cuenta de los hechos juzgados y condenado.
“Esta persona Carlos Gastón “Fatiga” Carrizo sigue caminando por las calles. Sigue circulando por distintos espacios. Sigue siendo recibida, acompañada y, en algunos lugares, hasta celebrada. Y mientras tanto, hay parte de una sentencia que, según la documentación que acompaño, continúa sin cumplirse”, expuso.
Los cuestionamientos de la ex pareja de Carrizo apuntaron “¿qué mensaje estamos dando como sociedad cuando alguien condenado por hechos de esta gravedad puede continuar su vida públicamente como si nada hubiera sucedido? Bares. Instituciones. Espacios sociales. Personas y personajes de Jujuy que conocen esta historia y que, aun así, continúan compartiendo espacios, vínculos y celebraciones con él. No digo que eso los convierta en responsables del delito. Digo que las decisiones que tomamos cuando conocemos una historia así también hablan de nuestros valores”.
Por último, aclaró “no publico esto para generar morbo. No publico esto por venganza. Lo publico porque el silencio no puede ser siempre el lugar donde terminan estas historias. Cuando una niña, un niño o una persona menor de edad atraviesa una situación de abuso, nuestra obligación como adultos debería ser proteger, escuchar y no naturalizar. Hay sentencias. Hay documentos. Hay una historia. Y hay cosas que todavía no se han cumplido. Por eso hoy elijo que se vea. Que se lea. Que se conozca. Y que nadie pueda decir mañana: ‘YO NO SABIA’”.
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