La gestión de Gerardo Morales inauguró en Jujuy la política de despojo a comunidades indígenas que, pese a tener reconocimiento legal de los territorios que ocuparon ancestralmente, los negocios turísticos y/o inmobiliarios pesaron más y el caso de la comunidad de La Quiaca Vieja no fue la excepción, siendo víctimas del desalojo en junio de 2024 para poder desarrollar la zona franca que recientemente Sadir lanzó la licitación del predio.
A tan solo cuatro meses de cumplirse dos años del violento desalojo, el pasado viernes el vicegobernador y el ministro de Desarrollo Económico y Producción fueron los encargados de anunciar la novedad. “Se firmó el llamado a la licitación por la zona franca de venta minorista en la ciudad de La Quiaca expuso Bernis en conferencia de prensa respecto a la decisión tomada por Carlos Sadir.
Apuntando el movimiento económico que generará la apertura de la zona franca en la ciudad fronteriza, el vicegobernador comparó “en la zona franca de Iquique casi el 60% de las ventas se producen por personas que concurren del sur de Bolivia o del norte de Argentina, así que La Quiaca puede atraer todo ese gran caudal de clientes para poder ofrecer sus productos”.
En ese sentido, el ministro Abud Robles sostuvo que “en un contexto difícil del país, esta determinación es muy importante porque tiene que ver con el crecimiento, con el desarrollo y con la generación de fuentes de trabajo”, volviendo a recordar la promesa de Morales sobre el cambio de la matriz productiva de Jujuy con la apertura del parque industrial y la zona franca en Perico, junto a otros emprendimientos como la explotación de litio, la energía solar y el cannabis medicinal.
En todos los casos, el Ejecutivo utilizó como maniobra el despojo de familias campesinas y comunidades indígenas. En particular, en La Quiaca, las familias Trejo, Tolaba y Vaquera fueron desalojadas por un supuesto conflicto entre privados, aunque el gobierno radical ya había expropiado hectáreas en el lugar para poder avanzar con el proyecto.
El oficio que recibió el Centro Provincial de Adultos Mayores por el desalojo -en el cual debía garantizar la integridad de anciana- señalaba que el operativo era sobre el terreno ubicado en el padrón 809, matrícula 3392, en tanto que la Legislatura había expropiado un inmueble como circunscripción 1, sección 7, parcela 640, padrón 806, matrícula 2949ubicado en finca Bella vista de La Quiaca que es para el proyecto de Zona Franca. Si bien son dos ubicaciones diferentes, el avance sobre las tierras de la comunidad de La Quiaca Vieja, también respondía a un proyecto inmobiliario y de tecnologías relacionado con la zona franca.
Sin importar la integridad de las familias, la justicia concretó el desalojo, por lo que las víctimas del despojo tuvieron que acampar a la vera de la ruta con sus animales al no tener otro lugar para vivir. Tras ello y con varios días a la intemperie, las familias también fueron amenazadas por funcionarios con quitarle a custodia de los menores ya que no podían asistir a la escuela.
Hecho similar ocurrió en julio del año pasado con familias campesinas en Perico, donde el gobierno intentó desalojarlas para conceder las tierras en Finca El Pongo a la empresa china Tsinshan Mining Development para la construcción de una planta destinada a elaborar hidróxido de litio. El despojo quedó suspendido por un habeas corpus, aunque el gobierno -a través del MPA- por usurpación, despojo y turbación de la posesión a 13 personas, incluidos menores de edad.
