JUJUY

Violencia policial, de género/femicidios e impunidad estatal

“Acá no es Milagro Sala, son todas las presas y los presos políticos y la persecución que lleva adelante Morales”

Así lo manifestó la propia Sala en un encuentro que mantuvo con la delegación de derechos humanos que visitó la provincia y que, en tan sólo dos días recibió 43 denuncias de violación de las garantías constitucionales

“Acá no es Milagro Sala, son todas las presas y los presos políticos y la persecución que lleva adelante Morales”

 

No son nuevas las acusaciones que pesan sobre el gobierno de Gerardo Morales respecto al cumplimiento de las garantías constituciones para con la ciudadanía, en ese contexto, días atrás llegó a la provincia una delegación de derechos humanos para analizar la situación de Jujuy, visita que incluyó un encuentro con Milagro Sala, quien manifestó “acá no es Milagro Sala, son todas las presas y los presos políticos y la persecución que lleva adelante Morales”.

La llegada de la delegación es resultado de una primera visita que hicieron referentes en julio y que tenía como principal objetivo realizar un relevamiento sobre la violación de derechos humanos en la provincia. Transcurrido tres meses, las organizaciones que conforman la misma volvieron a convocarse para realizar un informe sobre las distintas situaciones que se repiten en Jujuy.

Bajo el nombre de “Comisión de Solidaridad con los Pueblos en Defensa de los Derechos Humanos”, referentes se abocaron a recibir denuncias sobre las violaciones de derechos en 3 puntos de la provincia: San Salvador de Jujuy, la Quebrada de Humahuaca y el otro foco puesto la localidad de Libertador General San Martín y zonas aledañas.

En principal reclamo a su llegada fue la del cese de la violencia y violación de derechos humanos en Jujuy y con ello, en lo que refiere a las detenciones consideradas como “políticas” y que incluye a Milagro Sala y otras dirigentes de la Tupac Amaru.

De hecho, la comisión se reunió con la lideresa quien manifestó “acá no es Milagro Sala, son todas las presas y los presos políticos y la persecución que lleva adelante el gobernador Gerardo Morales”, además de apuntar a varias incongruencias del Gobierno nacional, pero a la vez su esperanza de que algún funcionario en Buenos Aires tome nota de su situación y de lo que está pasando en la provincia.

“Yo creía que cuando asumieran iban a sacar el lawfare y desarmar el laboratorio que hizo Gerardo Morales en Jujuy. No entiendo qué clase de acuerdo tienen”, dijo la lideresa, poniendo el foco respecto al Gobierno nacional y su vínculo con el provincial, además de enumerar intereses millonarios en la producción de cannabis medicinal y el litio.

Tal es así, que en el informe, la delegación apuntó la responsabilidad al Estado, tanto municipal, provincial como nacional, además de las corporaciones del sector privado “que funcionan en connivencia con el Estado”.

43 denuncias en 48 horas

La delegación que visitó Jujuy se abocó a recibir denuncias sobre las diferentes violaciones a las garantías constitucionales de la ciudadanía. La gravedad de los que ocurre se vio plasmada en la cantidad de se recibieron en tan sólo 2 días: 43 denuncias.

Sobre ello, la delegación confeccionó un informe preliminar (con las denuncias recibidas entre el 9 y 11 de octubre). Los mismos fueron categorizadas según el tipo de vulneración:

Violencia policial (7)

Derechos de los pueblos originarios (6)

Violencia de género/femicidios (5)

Acceso a la tierra (4)

Impunidad estatal (4)

Criminalización (3)

Derecho al ambiente sano (3)

Homicidios (3)

Impunidad de actores privados (2)

Acceso a la salud (1)

Acceso al deporte y la recreación (1)

Derechos de niños, niñas y adolescentes (1)

Desaparición de personas (1)

Derechos Humanos en contexto de encierro (1)

Discriminación (1)

Violencia de la corporación local (1)

Violencia laboral (1)

La delegación manifestó que es “muy preocupante situación referida a la violencia de género y su cara más extrema, los femicidios”, pero también notó que existe una “de manera sistemática la persecución, criminalización, estigmatización, judicialización y detención de opositores políticos al actual gobierno, sumado a la persecución de abogadas y abogados que defienden causas contrarias a los poderes establecidos, lo cual deteriora de manera muy preocupante los principios republicanos que consagra nuestra Constitución Nacional”.

Sobre ello, indicaron que hay “una marcada preocupación por la aplicación indiscriminada, arbitraria y criminalizante del Código Contravencional (ley provincial 5860) que es utilizado para castigar especialmente a los sectores más desprotegidos de la sociedad”.

También hicieron mención a “diversos delitos y violencias varias” dentro del entramado “partidocrático y de familias vinculadas al poder, donde los diversos negocios e intereses marcan a las claras una connivencia que generan una plataforma de impunidad evidente”.

El grave panorama de lo que ocurre en Jujuy ya había sido manifestado el año pasado por el senador Guillermo Snopek, quien pidió ante en Congreso nacional la intervención de la justicia provincial, pedido que quedó sin tratar por la llegada de la pandemia y que en la provincia se vivió con un incremento de los casos de violencia institucional y un  abuso de las facultades por parte del propio Gerardo Morales.

 



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