JUJUY

Funcionarios ofendidos acuden a la justicia jujeña

Basta de persecución y hostigamiento: solidaridad a la abogada Claudia González

Usuarios de servicios públicos convocan a acompañar a la abogada Claudia González, referente de PROCONSUMER a una audiencia ante la acusación del secretario de Energía Mario Pizarro por “daño moral”

Basta de persecución y hostigamiento: solidaridad a la abogada Claudia González

 

Las causas judiciales que inician funcionarios radicales violando el derecho a la libertad de expresión es grave. El caso de los presos por tuitear que está en proceso a elevación a juicio, donde el ex gobernador Gerardo Morales y su esposa Tulia Snopek denunciaron por unos tuit a Nahuel Moranidni y Roque Villegas que se burlaban sobre la vida del matrimonio, en otro caso, el mismo Morales y su hijo Gastón, denunciaron al abogado Juan Giusti por “daños y perjuicios” por cuestionar la falta de información de la empresa Cannava SE. Esa denuncia fue desestimada por la justicia.

Ahora se suma la causa que inicia el secretario de Energía de la provincia, Mario Pizarro y acusa a la abogada Claudia González referente de PROCONSUMER (Asociación Protección Consumidores del Mercado Común del Sur) por  “daño moral”. La abogada en una entrevista televisiva cuestionó el rol del funcionario como parte del directorio de la EJESA (empresa jujeña de Distribución de Energía Eléctrica) en medio de una ola de tarifazos a los jujeños. Es así que este lunes, 9 de febrero, será la audiencia donde inicia un proceso civil, en la sala II de la Cámara civil.

Está visto que el radicalismo busca disciplinar a la sociedad jujeña a través de causas penales, civiles para no ser cuestionados en sus acciones de funcionarios públicos, el disciplinamiento es callar a opositores y en este caso a una defensora de usuarios y consumidores solo por ejercer su rol.  

El caso no deja de ser un bochorno como los anteriores, aunque una vez más, llama la atención como el poder judicial avanza con estas causas originadas por funcionarios provinciales.

Pizarro ofendido por declaraciones de la abogada González que hacen a la función pública como autoridad ante los tarifazos de la ciudadanía jujeña en 2022. Los informes que han solicitado los usuarios nunca fueron respondidos ante los aumentos exponenciales en las tarifas eléctricas.

El apoyo a la abogada González de usuarios, usuarias fue inmediata para acompañar a la audiencia en Tribunales, este lunes a las 8.30 bajo la consigna “Basta de persecución y hostigamiento”, en defensa de la libertad de expresión y de usuarios consumidores de servicios públicos.

 La convocatoria es para repudiar el juicio, ya que el acceso a la información  es un derecho “no podemos permitir que se persiga a una abogada por ejercer su rol en un organismo de defensa de consumidores, por decir la verdad”, refirieron sobre el llamado de acompañamiento a la abogada.

“Estaremos presentes porque sobre nosotros usuarios y consumidores caerán los tarifazos de los cuales no tenemos información alguna” agregaron.

También sostiene la convocatoria que “solo con la solidaridad y acción colectiva podemos lograr que este gobierno y sus funcionarios sigan  comportándose como dueños de nuestras vidas”.

En ese mismo sentido, la Red de Mujeres Políticas expresó el acompañamiento a la abogada González. “Manifestamos nuestra profunda preocupación frente a este tipo de acciones judiciales, que pueden constituir mecanismos de amedrentamiento, intimidación o silenciamiento, especialmente cuando se dirigen contra mujeres profesionales que ejercen su derecho a la libre expresión, a la defensa de derechos y a la participación activa en el debate público.

Además, resaltan la asimetría de poder existente cuando quien impulsa este tipo de denuncias reviste carácter de funcionario público, circunstancia que exige un estándar más amplio de tolerancia a la crítica, conforme a los principios democráticos, constitucionales y a los compromisos internacionales asumidos por el Estado Argentino en materia de derechos humanos.

“La utilización de figuras penales o civiles para cuestionar la palabra de mujeres que intervienen en asuntos de interés público afecta el pleno ejercicio de derechos fundamentales entre ellos la libertad de expresión, el derecho a la defensa y el acceso a la justicia se inscribe en prácticas que históricamente han buscado desalentar la participación de las mujeres en espacios de decisión y opinión”, apuntó la red.

Por último, expresan “estamos convencidas que la vigencia del estado de derecho fortalece cuando se garantizan la pluralidad de voces la igualdad ante la ley y el respeto irrestricto a los derechos humanos”.    

 



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