Este último sábado, finalmente se conformó en Jujuy el Foro Provincial por el Hábitat Digno y el Acceso a la Vivienda con la intención de impulsar en la Legislatura el proyecto de ley para que se declare la Emergencia habitacional por 5 años frente a la crisis de vivienda y que afecta a más de 64 mil familias.
Como primer avance, en el día de hoy, integrantes del espacio serán recibidos en la Legislatura, donde el proyecto ya tomó estado parlamentario, aunque todavía falta que se trate en el recinto, hecho por el cual el Foro apunta a visibilizar la problemática para obtener un dictamen favorable.
Conformado por organizaciones sociales, barriales, referentes de centros vecinales, agrupaciones políticas y personas que padecen el no contar con un techo propio, la intención es que, mediante la ley, se ordene al Ejecutivo a cumplir con una política habitacional.
Los números que detallaron en un documento son elocuentes: en Jujuy existen 159 barrios populares registrados en el RENABAP, más de 64.000 familias no tienen vivienda ni un terreno propio, lo que afecta a 200 mil personas en la provincia y, además, el 61% de las infancias viven bajo la línea de la pobreza, lo que infiere que tampoco tienen una vivienda digna.
Por su parte, el presupuesto provincial apenas alcanza para construir 50 viviendas sociales, mientras que el déficit habitacional alcanza las 60 mil viviendas.
Asimismo, destacaron que la problemática se profundiza en el caso de familias monoparentales y hogares con personas con discapacidad, que enfrentan mayores barreras estructurales, económicas y sociales para acceder a una vivienda adecuada. La consecuencia directa es el crecimiento de asentamientos precarizados.
La cuestión habitacional también implica una cuestión sanitaria. Recordando la pandemia, desde el Foro consideraron “el hacinamiento mata” y compararon que las medidas de aislamiento para las familias sin vivienda propia implicó, en muchos casos, tener que cumplir el encierro en una pieza sin ventilación y compartida por ocho personas.
Así, con la declaración de la emergencia que pretende la ley, el Estado provincial “deberá priorizar la ejecución de programas habitacionales, urbanización de barrios populares, regularización dominial y desarrollo de soluciones habitacionales progresivas”, tal como detalla el segundo artículo.
Además, se deberá implementar “programas especiales destinados a la relocalización de familias en zonas de riesgo ambiental o hidrológico, urbanización de barrios populares y construcción de viviendas mediante sistemas cooperativos o autoconstrucción asistida”.
En paralelo, se creará un Laboratorio Social Habitacional que tendrá como objetivos “diseñar modelos alternativos de acceso a la vivienda, generar programas piloto de urbanización y desarrollar herramientas de financiamiento adaptadas a trabajadores informales y cuentapropistas”.
