Por estas horas, se realiza la autopsia al cuerpo de Héctor Vilte, de 31 años, que falleció el 31 de diciembre, en el Hospital Dr. Pablo Soria. Se trata del hombre que ingresó con el 80% de quemaduras en su cuerpo, producidos en la Comisaría 61 del barrio El Chingo, en circunstancias que todavía no están claras.
El Ministerio Público de la Acusación investiga el grave hecho sucedido tras la detención por una “contravención”, el pasado 26 de diciembre. Si bien, el fiscal regional Guillermo Beller adelantó que se secuestraron los libros de ingreso, actas y documentación sobre el caso para determinar responsabilidades y esclarecer el hecho por la muerte de Héctor Vilte.
El hecho reúne las características de un caso de violencia institucional. Un informe del Comité Provincial contra la Tortura detalla que en el 80 % de las comisarías de la provincia no hay matafuegos.
El caso tomó estado público el martes último, “un preso se quemó a lo bonzo dentro de la celda” expresaba el titular de un portal policial, e indicaba que la investigación se manejaba bajo estricto hermetismo. Además, afirmó: “Se intentó localizar al cuartelero que se habría llevado la llave del calabozo, por lo que al lograr abrir el candado de la celda, el detenido ya habría sufrido quemaduras en más del 80 por ciento de su cuerpo”, especuló.
La familia de Vilte fue notificada recién el domingo 28 de diciembre, por la noche. Karen Rodríguez, pareja del hombre, fue el lunes por la mañana a la seccional y reconoció la ropa de su pareja, que estaba quemada, fuera de la comisaría. El miércoles 31, Vilte falleció a las 6 y su familia fue informada recién a las 8.
Sus hermanas y su pareja denunciaron que no hay información precisa, que no les entregaron documentación y afirmaron que Vilte no tenía antecedentes, padecía de una adicción. Además, desmintieron que hubiera sido denunciado por violencia de género.
“Quiero justicia, que esto no quede así. Hay chicos que caen presos y sabemos cómo es la Policía. Él era un ser humano y lo abandonaron, no le hicieron la requisa como tenía que ser”, dijo Karen Rodríguez en referencia a que, según la versión oficial, Vilte usó un encendedor para prender fuego al colchón.
Rodríguez también habló del doloroso momento en que informó a la hija y al hijo (de 10 y 9, respectivamente) que tenían en común con Héctor Vilte sobre su muerte. “Están mal”, contó. “Nunca hice denuncia por violencia de género, lo que dicen es mentira, y queremos que se investigue”, insistió.
Además, relató que el domingo 28, en la Comisaría, un efectivo le dijo: “él está más para arriba que para abajo” en referencia a que su pareja estaba grave en el Hospital.
“Quieren tapar lo que le hicieron a mi hermano”, agregó por su parte Gloria López, hermana de Vilte. “Lo deben haber golpeado y para ocultar le prendieron fuego”, supuso. “Mi hermano no atentaría contra su vida, eso es mentira, por eso queremos la verdad. Cuando fui a la Regional 1 dicen que lo detuvieron, le hicieron requisa y le sacaron un arma blanca, y no saben de dónde salió el encendedor. Cuando ingresa a la celda, a los minutos se prende fuego, eso dicen”, cuestionó.
Otra hermana, Mariela Vilte, agregó: “No nos aclaran nada y no sabemos quién dio la orden para que publiquen que mi hermano gritaba. Él no tenía ninguna causa, no debe nada a la justicia. A mi hermano lo lleva la motorizada” y “se quema. ¿Cómo se puede quemar? Quiero justicia. Tiene dos hijos, cómo les explicamos a mis sobrinos, a mi hijo, que su tío ya no está. La justicia no hace nada, todo tapan”, reprochó.
Mariela dijo que el médico que asistió a su hermano les dijo que no se explica cómo llegó a quemarse el 80% del cuerpo. “No sabemos cuántos policías estaban ese día, si habían más presos, quién estaba en la guardia, no nos quieren dar información”, denunció.
Negligencia policial
Por su parte, el abogado Carlos Espada, representante legal de la familia Vilte, sostuvo que las pruebas contenidas en el legajo de investigación “son muy breves, un certificado de defunción que da cuenta de que Vilte habría fallecido por quemaduras. Después tenemos una inspección ocular en el lugar de los hechos en la Comisaría, en donde hay fotos de la celda, el colchón que se habría prendido fuego. Foto de las prendas de vestir y adentro aparece un encendedor” que “la familia no lo reconoce como elemento propio de Vilte”. Adelantó que un perito de parte participará de la autopsia mañana.
También detalló que tiene entendido que Vilte estaba detenido por una contravención, aunque aclaró que no lo puede ratificar “de manera fehaciente porque en el legajo penal no figuran las constancias, quién lo detuvo, quién era el oficial de turno”. También puso en duda que Vilte hubiera intentado suicidarse.
El abogado recordó asimismo que el reglamento de la Policía dice, respecto de la custodia de las personas detenidas, que en el cambio de guardia se “tiene que hacer una prolija requisa tanto en la persona como en el calabozo. Ahora, cómo llega un encendedor dentro de la celda, esto da cuenta que hubo un policía que no hizo bien las cosas. Otra obligación es la custodia, el nivel de las quemaduras”.
“Es un hecho de violencia institucional”, sostuvo. “La Policía llega tarde cuando la persona estaba en su calabozo, un cuerpo de policía que no cumplió con las funciones que debían realizar y una familia dolida por la pérdida de la vida de una persona en un contexto de una contravención. Esperamos claridad y conocer el escenario real del hecho”, afirmó.
En tanto, el fiscal Beller dijo en declaraciones públicas que Vilte fue detenido “a partir de denuncias de vecinos” que “daban cuenta de una alteración del orden público y la presencia de un hombre” que tenía “un cuchillo, elemento que fue secuestrado durante la requisa realizada por el personal policial interviniente, conforme a los protocolos de actuación vigentes”.
Beller dijo que Vilte fue alojado en una celda solo “y minutos después, el incendio se habría producido de manera repentina en los elementos internos, principalmente en los colchones, lo que provocó que la víctima sufriera quemaduras de gravedad”.
Violencia sobre sectores pobres
Fabiola Suárez, de la Mesa Coordinadora contra la Violencia Institucional de los organismos de Derechos Humanos, relato la cronología de los hechos y señalo las irregularidades del caso que tiene como fallecido a Héctor Vilte.
Además señala la poca transparencia en los procedimientos policiales, y advirtió que la Coordinadora activó el protocolo de intervención el dia 28. Suárez, comunicó sobre el caso al Comité Provincial contra la Tortura (CPT), y a la Secretaría de Violencia Institucional de la Defensoría, “que desconocían el caso”, a pesar de que “habían transcurrido casi 72 horas de lo ocurrido”, destacó. El Comité contra la Tortura informó a la Coordinadora que recién ese día tomó intervención la fiscalía.
Recién el 29 de diciembre la Policía notificó por escrito a la hermana de Vilte, para que fuera al Hospital, sin más explicaciones. La Coordinadora contactó a la pareja de Vilte con un abogado, y notificó a la CORREPI.
Suárez le dio contexto al caso de Héctor Vilte. Recordó que la Coordinadora viene “interviniendo, acompañando” y “denunciando desde hace años muchos hechos de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad, Policía, penitenciarios y Gendarmería Nacional”. De hecho, esta violencia motivó la creación de la Coordinadora.
Reseñó en este sentido el caso del joven Ivo Torres, asesinado por Gendarmería en La Quiaca, y “otros casos de personas jóvenes, pobres, de barrios populares, muchas con consumo problemático o privadas de libertad", su sufrieron violencia institucional. “Casos donde son ferozmente golpeados, sufren torturas y en varios casos aparecen ‘suicidados’ en comisarías o unidades penitenciarias”.
Suárez añadió que entre las muchas irregularidades, al detener a personas que se encuentran bajo los efectos de alcohol o sustancias adictivas, no se da intervención al área de salud mental del SAME, y, en cambio, se ejerce violencia física sobre ellas y hasta “han provocado muertes” por abuso policial.
“No es nueva la violencia con la que actúa la Policía desde la vuelta a la democracia. Pero en Jujuy desde hace 10 años, muchos de ellos actúan con total impunidad. Impunidad que le dan los altos mandos y la justicia, que en la mayoría de los hechos los declaró inocentes" o “no tienen condenas ejemplificadoras”, sostuvo Suárez.
También señaló que “la gente tiene miedo de denunciar, porque luego son perseguidos, hostigados. Y como provienen de barrios populares, son personas en situación de vulnerabilidad, con más razón (temen exponerse). Y si se animan a denunciar y pedir justicia, la falta de ella, hace que la gente no crea”.
