JUJUY

Se convocó a un “Abrazo Simbólico” para el lunes

El gobierno justifica la persecución y censura al cirujano Boero ante su reclamo por el deterioro de la Salud Pública

Lo hizo a través de un comunicado de prensa, amparándose en supuestas declaraciones xenófobas del profesional y en sus deberes como empleado público, violando el derecho a la libre expresión.

Imágen: Fotomontaje
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En el día de ayer el gobierno de la provincia de Jujuy, a través del Ministerio de Salud sancionó al médico Luis Horacio Boero por 15 días sin goce de sueldo y lo removió de su cargo como Jefe de la Sala de Cirugía del Hospital Oscar Orías a raíz de sus denuncias sobre la falta de insumos, de recursos humanos y las deterioradas condiciones edilicias en que se encuentra esa institución.

La sanción, que el profesional calificó como una persecución contra su persona, se dió a conocer luego de que un grupo de 6 diputados provinciales visitara el Hospital y atestiguara las pésimas condiciones de atención a la salud que ofrece a los ciudadanos en razón de las carencias y el abandono que lo afectan.

La actitud persecutoria por parte del gobierno y sus funcionarios se manifestó también hacia los legisladores, cuando el director del Hospital, Martín Hidalgo intentó impedir la visita de los representantes por medio de la policía, quien les expresó que seguía órdenes expresas del Ministerio de Salud de la Provincia, y que “no podían ingresar a un hospital público sin autorización”. Además a raíz de haberles franqueado el paso despidió sin justa causa al Jefe de Seguridad de la institución.

Las acciones persecutorias y de hostigamiento del gobierno de Gerardo Morales despertaron la reacción de gran parte de la opinión pública, así es que para el próximo lunes 2 de marzo se convocó en Libertador General San Martín a un “Abrazo Simbólico” en defensa del Hospital Oscar Orias , bajo la consigna “La salud es un derecho de todos.”

El gobierno justifica la persecución

Hoy, el Gobierno de Jujuy intentó justificar la suspensión y destitución del cirujano Boero a través de su área de prensa, ampliando la persecución también a los medios de comunicación.

“La Dirección Administrativa del nosocomio Oscar Orías de Libertador comunica que de manera intencional se omitió mostrar la fundamentación completa del documento jurídico que dio lugar a la suspensión del Dr. Horacio Boero y aclara que lo difundido en diversos medios de comunicación es información incompleta y manipulada a fin de sesgar la opinión pública en detrimento de la institución.”, informa el comunicado.

De acuerdo a la versión oficial, la sanción se habría aplicado “debido a sus declaraciones xenófobas impartidas el día 13 de febrero del corriente año en horas de la mañana en el Ateneo, sito en dicho hospital, que fueron propinadas contra los profesionales venezolanos que cumplen funciones en la institución.”

Lo cierto es que tales declaraciones del médico nunca se conocieron ni pueden darse por ciertas, al haber sido pronunciadas en un ámbito cerrado tal cual es un ateneo médico. Pero sobre todo, de ningún modo invalidan la evidencia del nefasto estado en que se encuentra el Hospital Orias, las graves carencias que padece y la bajísima calidad de atención que puede ofrecer los ciudadanos.

Pero luego el gobierno se sincera y a través del parte informativo especifica que la sanción aplicada viene a castigar la difusión ante la opinión pública por parte del profesional del abandono existente de los hospitales y la salud pública provincial por parte de la gestión de Gerardo Morales y su responsable directo, el Ministro de Salud Gustavo Bouhid.

“Por último”, especifica el bando, “se subraya que el doctor arriba mencionado incurrió en conductas contrarias a lo establecido en los incisos 4, 5 y 24 del Artículo 100 de la Ley N° 3161/74, los cuales establecen que los agentes de la administración están obligados a “observar, en el servicio y fuera de él, una conducta decorosa y digna de la consideración y de la confianza que su estado oficial exige dispensar un trato cortés, respetuoso, atento, diligente y solícito al público; conducta que deberá observar asimismo respecto a sus superiores, compañeros y subordinados y responder de los daños que cause a los intereses del Estado por culpa, negligencia o en ejercicio de sus funciones””.

A confesión de parte, relevo de pruebas.

Tal vez haría falta explicarles y recordarles a los funcionarios de la provincia, y a los responsables del área prensa que un ciudadano por ser empleado del estado no pierde ninguna de los derechos que la Constitución Nacional y de la Provincia de Jujuy le garantizan.

La primera en su Artículo 14 expresa que “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, permanecer, transitar y salir del territorio argentino; de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa; de usar y disponer de su propiedad; de asociarse con fines útiles; de profesar libremente su culto; de enseñar y aprender.”

La Constitución de Jujuy es aún más taxativa y establece en el Artículo 31: “1º.- Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, prensa y expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir o difundir informaciones e ideas de toda índole, ya sea oralmente, por escrito, en forma impresa o por cualquier otro procedimiento de su elección.- 2º.- El ejercicio del derecho establecido en el apartado precedente no estará sujeto a previa censura, sino a responsabilidades ulteriores, las que deben determinarse expresamente por la ley.”

En particular cabría recordarles a los funcionarios jujeños, ante su intento de justificar las sanciones que buscan silenciar la expresión de un empleado público que expone el pésimo estado de la salud pública el inciso tercero de ese artículo: “3º.- No se puede restringir el derecho de expresión por vías o medios directos o indirectos.”

Además la libertad de expresión también fue consagrada en la Convención Americana Sobre Derechos Humanos, acordada en el Pacto de San José de Costa Rica en su Artículo 13, que tiene en nuestro país rango constitucional.

Aunque claro por sus actos y manifiestos, queda expuesto que muchos funcionarios y algunos que los difunden poco saben de los derechos que la Constitución Nacional y Provincial garantizan a los jujeños y siguen pretendiendo con medidas autoritarias tapar el sol con la mano.



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