La empresa estatal de cannabis de la provincia, Cannava S.E., avanza formalmente en su proceso de transformación hacia una Sociedad Anónima Unipersonal (S.A.U.) tras un trámite express en el marco de la ley de Reestructuración de Sociedades del Estado, la transición hacia una S.A.U. mediante la convalidación de un solo funcionario elimina de un plumazo el debate público sobre el patrimonio invertido por los jujeños.
Vale recordar que al dejar la conducción de la empresa estatal, Gastón Morales exhibió un informe de la consultora internacional BDO una “auditoría externa” que fundamentó una valuación proyectada en 98 millones de dólares. La rendición de cuentas fue una foto con los auditores en pleno de la Auditoria General de la Provincia (AGN) que aparentó “transparencia de la gestión de Morales”, limpiando así la salida del joven Morales en noviembre 2025.
Sin embargo, la AGN mantenía serias observaciones sobre los números reales y la falta de documentación respaldatoria en ejercicios contables previos y hasta el año pasado figuraba que el ejercicio 2022 estaba en trámite, el 2023 en evaluación y el 2024 no estaba presentada la rendición y estaba vencida. Esa documentación bajo siete llaves, aunque son fondos públicos los que se auditan.
Cannava SE fue creada en el 2018 con una inversión pública de más de 20 millones de dólares y el hijo del ex gobernador estuvo siete años frente a Cannava, cargo al que renunció sin presentar rendición de cuentas.
Si bien el marco “legal”, Ley Nº 6.468, facultó al Ejecutivo provincial a modificar la figura jurídica de las Sociedades del Estado (transformándolas en Sociedades Anónimas) y a enajenar o privatizar sus acciones total o parcialmente sin tener que volver a pedir autorización al Poder Legislativo, esa ley sancionada en setiembre de 2025 fue cuestionada y calificada de “bochornosa”, por delegar facultades del Poder Legislativo al Ejecutivo" que habilita la privatización de las empresas del Estado. A pesar de las críticas la norma fue aprobada, el oficialismo sancionó una ley como antesala para la salida del hijo del ex gobernador.
A pesar de las críticas de la oposición en el recinto parlamentario “aprobaron” la ley 6.468 sin presentar el listado de las empresas del Estado, ni rendición de cuentas.
La reciente publicación del acta de la Asamblea Extraordinaria celebrada el pasado 10 de agosto en el Boletín Oficial 119, es la aplicación concreta y directa de la ley 6468 sobre Cannava S.E.
Sin embargo, la publicación deja al descubierto una mecánica institucional concentrada, donde las principales decisiones financieras, operativas e importaciones del organismo fueron convalidadas por una sola persona.
Según se desprende de la publicación oficial, la asamblea se llevó a cabo en los términos del artículo 237 de la Ley General de Sociedades (Ley 19.550), es decir, en carácter de asamblea unánime. Al tratarse de un esquema unipersonal en el que el Estado provincial es el titular exclusivo del capital a través del Ministerio de Salud, el actual ministro, José Manzur, actuó como el único accionista con poder de voto. En esa condición, resolvió la aprobación de la totalidad de los puntos del orden del día presentados por el presidente del directorio, Ignacio Ezequiel Bruera.
El Acta N° 1 del 10 de agosto de 2026, el Ministro de Salud aprobó el «Balance de Corte» con la finalidad expresa de transformar Cannava S.E. en Cannava S.A.U. (Sociedad Anónima Unipersonal).
Aprobación “a libro cerrado” y sin publicidad previa
Uno de los aspectos llamativos del acta es que la convocatoria no fue publicada previamente en el Boletín Oficial, amparándose en la figura legal de la unanimidad por la concurrencia del socio único. En un solo acto, el titular de la cartera sanitaria otorgó el aval a la gestión operativa, comercial y financiera del directorio correspondiente a los primeros siete meses del año 2026.
Entre los puntos aprobados de manera automática figuran: balance de corte para la transformación a S.A.U. Aprobación del balance especial cerrado al 31 de julio de 2026, paso fundamental exigido por los órganos de control y la Auditoría General de la Provincia para dar curso a la nueva figura jurídica de la firma estatal. Cabe resaltar el detalle, que los balances son anuales.
Sueldos del Directorio y la Sindicatura: Se ratificaron y aprobaron las retribuciones percibas por las autoridades durante el ejercicio 2026. No obstante, en la publicación del acta oficial se omitieron los montos específicos asignados a los funcionarios y a la síndica titular, Silvana Leticia Daúd.
Contrataciones, locaciones y adendas, se ratificaron en bloque todos los contratos de locación de obra y servicios ejecutados por la empresa, junto con sus adendas. El directorio argumentó que resultaban «indispensables» para sostener la capacidad productiva de la planta.
Contratos e importaciones con el exterior: El representante del capital social dio el visto bueno a la totalidad de las operaciones de importación y acuerdos comerciales internacionales vigentes.
Aportes irrevocables y capital social: Se convalidó la capitalización de los aportes históricos efectuados por el Estado provincial para fijar el nuevo capital social de la futura Cannava S.A.U.
Opacidad y dudas sobre la inversión pública
El modo en que se convalidó la gestión vuelve a poner bajo la lupa la transparencia en el manejo de los fondos públicos asignados a la actividad cannabícola en la provincia.
Al aprobarse en bloque y de forma unipersonal tanto el paquete de contrataciones de obras como los gastos operativos e inversiones de los primeros siete meses del año, persistirá la incógnita sobre el detalle fino de los montos ejecutados en proyectos de infraestructura e insumos —como los desarrollos vinculados a predios e instalaciones operativas—, los cuales no son precisados en el extracto asambleario publicado.
La transformación de Cannava en S.A.U. marca una nueva etapa corporativa para la firma, pero el trámite de convalidación interna vuelve a encender alarmas por la falta de un control parlamentario o ciudadano sobre las cifras reales y el destino del patrimonio estatal invertido.
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