La Auditoria General de la Provincia empieza a dar respuestas a administraciones de diez años antes y un dictamen tiene que ver con la gestión del ex ministro de Educación Rodolfo Tecchi que acredita daños patrimoniales respecto de los convenios celebrados entre el Ministerio de Educación de la provincia y la Universidad Tecnológica de Tucumán, en el marco del Programa Conectar Igualdad.
El Plan Conectar Igualdad fue una iniciativa argentina con el objetivo de promover la inclusión digital en la educación pública, democratizando el acceso a la tecnología para estudiantes y docentes. Su principal herramienta fue la entrega de netbooks en escuelas secundarias públicas, que se complementó con la capacitación docente y el desarrollo de contenidos educativos y plataformas virtuales para facilitar la integración de las TICs en el aprendizaje. El programa fue más que importante, aunque hubo funcionarios que no estuvieron a la altura política.
Es así que años más tarde, el Colegio de Auditores aprobó el informe N°284- CC- IV -2025, firmaron: Carlos Alfonso, Nora Millone Juncos, Felipe Albornoz, René Barrionuevo Lacour y Juan Burgos; en tanto el presidente de la Auditoria Walter Barrionuevo se inhibió sobre el expediente por el trato frecuente con el ex ministro de Educación de la provincia.
El informe fue girado a Fiscalía de Estado, e informado al Poder Ejecutivo y notificadas las partes.
En el articulado de la resolución de la auditoria deja expresa constancia que lo dispuesto lo es sin perjuicio de la responsabilidad que pudiera surgir de todas aquellas actuaciones, documentación o denuncias que al momento del dictado de la presente no se encontraren agregados.
Resulta que el expediente N°800-463-2016 “Tribunal de Cuentas en cumplimiento al art 5°- resol 2357-SII 2016, Expte. 800-448-2015 Estudio de pagos realizados por la dirección general de Administración del Ministerio de Educación 2014 en relación al programa Conectar igualdad convenio 2013, adenda y convenio 2014”.
Resolución de la Auditoría General de la Provincia
Es así que, tras el estudio e informe emitido en junio de 2025 por la Dra. Mariana Bernal, auditora general de la Comisión de Control IV, quien plantea las observaciones e irregularidades en el convenio firmado y la implementación del programa Conectar Igualdad.
Una de las observaciones es la firma del convenio sin la autorización del Poder Ejecutivo de la provincia o con ratificación posterior. Además, otra de las irregularidades en las obligaciones asumidas en los convenios y la ambigüedad del objeto de la contratación y el efectivo cumplimiento de las contraprestaciones a cargo de la universidad Tecnológica Nacional y de los consultores técnicos.
También objeta los gastos dispuestos por el Ministerio de Educación con recursos que tenían otra finalidad afectados al Pacto Federal Educativo y en el programa de fortalecimiento INET para atender compromisos derivados de la implementación del Programa Conectar Igualdad. El informe expresa que ya había un compromiso asumido de modo antijurídico por el mismo Ministerio de Educación sin haberse previsto la partida presupuestaria con la que el mismo sería atendida.
Considera una violación al art.33 de la ley Provincial de administración financiera N°4958 que establece que no se pueden adquirir compromisos sino existen saldos disponibles de “créditos presupuestarios, ni disponer de créditos para una finalidad distinta a la prevista”.
El convenio establecía contratación de la Universidad para reclutar, designar y dirigir a los profesionales y técnicos especializados que presten asistencia a los establecimientos escolares como referentes tecnológicos y/o administradores de redes en la implementación del programa Conectar Igualdad.
En contraprestación, el organismo abonara a la Universidad la suma de $9.128.700 por el periodo comprendido desde la firma hasta el 31 de diciembre de 2013. Esa suma debía abonar el Ministerio de Educación a favor de la universidad en 11 cuotas iguales, fijas y consecutivas de $ 829.881,82
En febrero de 2014 se celebró una adenda por la cual las partes acuerdan modificar el convenio específico de febrero de 2013 pactando el monto contractual del ejercicio 2013 en la suma de $8.398.841.
Ese convenio específico cuenta con un acta complementaria de febrero 2014 por el cual el Ministerio de Educación de la provincia reconoce a favor de la universidad en concepto aval académico el monto de $ 1.742.750.
La comisión de Control IV realizó las observaciones e informa a la Auditoría General que, a su vez carece de competencia conforme a las atribuciones conferida en la ley 6364 debiendo en su caso ser analizadas por la Oficina Anticorrupción en el marco de la Ley de Ética Pública.
