Otro avance sobre territorios comunitarios, esta vez el gobierno atenta contra una familia en Santa Bárbara

El cambio de la matriz productiva que tiene como eslogan Gerardo Morales vino acompañado de la usurpación de territorios comunitarios, indígenas y campesinos, tal como ocurre con finca El Pongo con Cannava, la zona Franca en La Quiaca Vieja, el proyecto inmobiliario en la zona de los Perilagos -por citar algunos- y ahora se suma el padecimiento de una familia en el departamento de Santa Bárbara donde la provincia le usurpó una hectárea de su terreno.

La situación comenzó ayer cuando la familia Pereira, que pertenece Organización Campesina El Centinela de El Fuerte observaba como trabajadores del Estado provincial había ingresado en su terreno para llevara a cabo una delimitación.

Cabe señalar que tanto la familia Peralta como otro conjunto de familias también afectadas por el avance del gobierno de Morales, trabajan la tierra hace más de 25 años, siendo esa su fuente de vida.

Frente a esta situación cuestionaron a estos trabajadores el por qué de su presencia, a lo que respondieron que dicha demarcación era para luego alambrar y así comenzar con el montaje de una planta de reciclaje del plan GIRSU.

Los hechos fueron dados a conocer por el MNCI (Movimiento Nacional Campesino Indígena- CLOC Vía Campesina), organización en la cual está adherida las familias de El Fuerte damnificadas y señalaron que se trata de una “usurpación” por parte del gobierno jujeño.

“Nos manifestamos en defensa de nuestro territorio, de nuestra producción y en contra de la usurpación que pretende llevar adelante el gobernador Gerardo Morales” indicaron en un comunicado esta mañana.

Y aclararon sobre el territorio en cuestión “este intento de usurpación afecta zonas de pastoreo, corrales y espacios de trabajo de la familia Peralta”.

Asimismo, detallaron que ayer “el Ministro Agustín Perassi se comunicó telefónicamente con los Peralta, para tratar de convencer a la familia de que acaten un decreto del gobernador y abandonen sin más la defensa de su territorio y de sus derechos” y subrayaron que “jamás se había notificado ni consultado a la familia Peralta sobre dicha obra dentro de su predio”.

“Denunciamos que no hubo una audiencia pública, no hubo un estudio de factibilidad ambiental, así mismo denunciamos la falta del procedimiento técnico obligatorio de Evaluación de Impacto Ambiental, prevista en la Ley No 25675 -Ley General del Ambiente- dónde se informe y se debata sobre la obra de la planta de reciclaje GIRSU en el pueblo de El Fuerte”.

Y concluyeron “por todo esto nos manifestamos y hacemos responsables de cualquier daño físico, psicológico y en nuestro territorio al gobernador Gerardo Morales”.

Esto último responde a que se esperaba que hoy se hiciera presente la policía en el lugar.

Comunicado MNCI