JUJUY

Una causa iniciada de oficio por el fiscal Funes del MPA

Persecución a dirigentes sociales en Jujuy: no avanzan las causas, pero la Corte Suprema se niega a cerrarlas

En 2022, varios comedores y merenderos fueron allanados en el marco de una investigación por asociación ilícita y extorsión ante el presunto quite de una parte del programa Potenciar a beneficiarios. Nunca hubo denuncia

Persecución a dirigentes sociales en Jujuy: no avanzan las causas, pero la Corte Suprema se niega a cerrarlas

 

Durante la mañana del 6 de julio de 2022, la justicia jujeña concretaba un total de 16 allanamientos en la capital provincial, todos en merenderos, comedores, sedes de organizaciones sociales y de dirigentes. La causa iniciada de oficio por el fiscal del MPA Diego Funes apuntaba a una supuesta asociación ilícita y extorsión a beneficiarios del programa Potenciar, a quienes se le retenía una parte del cobro y, si bien hasta la fecha no hay avances, la Corte Suprema de Justicia de la provincia se niega a cerrar las causas.

Considerando que se trata de una clara persecución a dirigentes sociales, desde el Movimiento Popular Nuestramérica advirtieron “la Justicia jujeña continúa persiguiendo a compañeros y compañeras que todos los días luchan contra el hambre y en defensa de la dignidad de los trabajadores y trabajadoras de la economía popular. Esta semana, la Suprema Corte de Justicia de Jujuy, encabezada por el juez Otaola —quien carga con dos pedidos de juicio político por mal desempeño— y alineada con los intereses políticos de Morales y Sadir, rechazó el planteo de inconstitucionalidad en una causa armada allá por 2022, cuando se llevaron adelante allanamientos en casas de compañeros, entre ellos nuestro compañero Gonzalo Maurin, comedores, merenderos y centros comunitarios, sin encontrar absolutamente nada”.

Asimismo, consideraron que es un fallo “al servicio del poder político” para “disciplinar y amedrentar a quienes deciden organizarse y luchar. En una provincia donde la pobreza crece día tras día, en medio del hambre y la miseria a la que nos empujan las políticas del gobierno nacional de Milei y sus aliados provinciales, como Sadir, la respuesta del Estado vuelve a ser la persecución y la criminalización de la protesta social”.

La afirmación desde la organización responde a que no existe prueba alguna para mantener dicha causa abierta. Tal es así, que la investigación la inició de oficio el fiscal Funes del MPA, es decir, sin que hubiera denuncia alguna. Así, los allanamientos parecieron responder más a la política implementada por Gerardo Morales de criminalizar la protesta social.

Entre los allanados se encontraba Gonzalo Maurin, referente de Nuestramérica, quien por aquel entonces expuso sobre Morales “nos hostiga permanentemente porque denunciamos su mala gestión en estos siete años, siendo que construyó dos escuelas, ningún hospital público, pero si muchísima inauguración de carteles basados en promesas que no cumple. Su gestión endeudó a la provincia de Jujuy con sumas millonarias y en dólares, de las cuales no rinde cuenta. Su gestión acomodó a toda la familia en puestos de funcionarios del estado con jugosos sueldos, sus dos hijos reciben cifras millonarias para la plantación de marihuana y la organización de un festival de cine. Es su gestión la que consiguió modificar el poder judicial que hoy cuenta con jueces que fueron funcionarios, ex diputados o candidatos de la UCR Jujuy que preside Morales; por ésta mal justicia es que se presentó en el Congreso Nacional un proyecto para su intervención bajo demostradas irregularidades”.

Y agregaba “gestiona alrededor de 82 mil planes nacionales y otros miles de planes provinciales llamados de ‘contingencia’, manejados por dirigentes que responden al gobierno y de los cuales Morales no da cuenta. Es esta gestión la que mantiene funcionarios, jueces y fiscales con denuncias penales”, dando cuenta el aparato asistencialista que manejaba el ex gobernador.

Así, con una causa que no tiene avances, el MP Nuestramérica consideró “esta nueva muestra de persecución política deja en evidencia el alineamiento del gobierno de Jujuy con las políticas represivas que impulsa el gobierno nacional: un modelo que pretende silenciar la organización popular, atacar a quienes levantan la voz y garantizar privilegios para unos pocos mientras la mayoría del pueblo sufre las consecuencias del ajuste”, por lo que exigieron el desprocesamiento de dirigentes.

 



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