El avance minero y de la extracción del litio en la región de la quebrada y puna ha afectado a varias comunidades indígenas de la provincia, principalmente porque los emprendimientos fueron sin respetar la consulta previa, libre e informada y ha avanzado sobre sus tierras, por ello, desde 2017 iniciaron una caminata “por el agua y la vida”, manifestación que ayer se repitió y que tuvo como resultado la imposición de una multa para las comunidades.
Tal como se viene observando ya desde hace un tiempo, en Jujuy está prohibido salir a protestar, incluso si el pedido es que se respeten las leyes. Son varios los casos donde organizaciones de distintos ámbitos han sido sancionadas por reclamar.
Ayer no fue la excepción.
El Qhapaq Ñan comenzó el pasado 4 de octubre en La Quiaca, sitio desde donde partió una columna de comunidades indígenas y que pasó por varias localidades jujeñas, para finalizar este 12 de octubre en San Salvador de Jujuy. La idea era poder entregar un petitorio a los 3 poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial sobre el avasallamiento que sufren.
Sin embargo, la llegada a Casa de Gobierno fue impedida por un cordón policial que obligó a las columnas a asentarse en Plaza Belgrano.
Asimismo, un oficial les entregó un acta contravencional por el “corte vehicular” ocasionado.
Según consta en el documento -que no quisieron recibir- la sanción prevé “hasta 35 días de trabajo comunitario, multa de hasta 200 unidades de multa (se mide por el precio del litro de nafta) o arresto de hasta 15 días, quienes permanezcan en espacios públicos alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.
El gobierno de Gerardo Morales se apoya en el Código Contravencional (aprobado a poco de haber asumido la gobernación) para restringir el derecho a la protesta.
Pese a que dicho código está vigente desde 2016, Morales no se privó de convocar a una manifestación “Jujuy no se toca” en marzo de 2020 tras el pedido de intervención de la justicia que realizó el senador Guillermo Snopek en el Congreso Nacional.
La marcha, multitudinaria y en la cual se utilizó recursos del estado provincial, también alteró el tránsito vehicular y peatonal, pero obviamente no hubo sanción alguna.