Ayer la mamá de Iara Rueda fue intimada por policías a desistir de la marcha de las velas como lo hace todos los martes bajo la amenaza de iniciarle una causa contravencional, situación que se repite desde 2016, cuando en la provincia se aplicó el nuevo Código Contravencional, una herramienta que sólo criminaliza la protesta.
Pese a que en la Constitución Nacional el derecho a la protesta se contempla bajo la libertad de expresión, de opinión, de reunión y asociación pacífica, en Jujuy la historia desde la llegada de Gerardo Morales a la gobernación es otra.
Apenas asumido, envió a la Legislatura un proyecto de un nuevo Código Contravencional, redactado nada más ni nada menos que por Sergio Lello Sánchez, quien se convertiría en el titular del MPA, un órgano independiente de la justicia.
Pese a que fue aprobado, las críticas sobre la normativa fueron varias, incluso las críticas llegaron desde el propio oficialismo: Pablo Baca (antes de pasar al TSJ) había pedido que la normativa fuera socializada con diferentes sectores de la sociedad, ya que entendía que criminalizaba la protesta.
El pedido por el entonces diputado del Frente Cambia Jujuy fue desestimado y el 1º de enero de 2016 comienza a regir la nueva ley contravencional.
Son varios los ejemplos sobre el uso que hace el gobierno de Morales de este código para perseguir a sectores opositores: en 2020 (antes de la pandemia) comenzó un juicio contra 15 dirigentes que habían participado de las manifestaciones en 2018 en lo que fuera la Apertura de Sesiones Ordinarias de la Legislatura, donde el mandatario realizó el tradicional discurso.
En diciembre del mismo año, organizaciones sociales salieron a las calles bajo el lema “una navidad sin hambre”, para reclamar a las autoridades una política activa para asistir a las familias vulnerables. La respuesta fue el inicio de acción contravencional por la “alteración del orden” y la “obstaculización de la libre circulación”.
Lo mismo ocurre con el caso de Campo Verde, sólo para citar algunos.
Cabe señalar que los juicios contravencionales implican sumas de dinero elevadas que gremios, organizaciones sociales y barriales no pueden pagar, lo que conlleva a la desmovilización.
Lo ocurrido ayer con Mónica Cunchila es otra muestra del avasallamiento del gobierno de Gerardo Morales: impedir la visibilización del pedido de justicia en un caso de femicidio, como ocurrió con Iara Rueda, donde es Estado estuvo completamente ausente.
Ante el avance sobre de los derechos de la ciudadanía, desde la CTA y la agrupación sindical ATE verde y blanca apuntaron a que “protestar es un derecho”.
Además, consideraron que “violencia, es un estado responsable de femicidios, que no se hace cargo. Violencia, es una justicia machirula que libera imputados y no cuida mujeres ni niñas. Violencia, es un estado que no te da respuestas y te amenaza”.
Y agregaron “Si sos trabajador o trabajadora, te persiguen y criminalizan. Si sos vendedor o vendedora ambulante, también. Si sos campesina o campesino, peleando por tu tierra, también. Si sos de comunidades originarias, también. Si sos de una organización social, también. Si sos vecina o vecino peleando por tus derechos, también. Si sos abogado o abogada que defiende causas sociales, también”.
Por último, concluyeron “desde hoy, si sos familiar de una niña o mujer asesinada y reclamás justicia, también”.