Contrario a las leyes nacionales vigentes, el diputado Omar Gutiérrez y su par Gabriela Burgos presentaron el pasado 1° de julio un proyecto en la Legislatura el cual, de aprobarse permitirá que cualquier persona física pueda abrir una farmacia, normativa que salieron a cuestionar farmacéuticos de la provincia.
Tanto la FACAF -Federación Argentina de Cámara de Farmacias- como el CPFJ -Centro de propietarios de Farmacias de Jujuy- manifestaron su preocupación ante este proyecto, en tanto permitirá la habilitación de farmacias bajo la administración de personas que no posean título en la materia, tal como expresa ley nacional 17.565 y sus modificaciones, respecto a la regulación del ejercicio de la actividad farmacéutica.
El cuestionamiento sobre el proyecto pesa en particular sobre el artículo 7, el cual manifiesta sobre la propiedad del comercio: “las farmacias podrán ser de propiedad de cualquier persona física o jurídica habilitada para ejercer el comercio, sin más restricciones que las establecidas por la presente Ley y su reglamentación, las que para su correspondiente habilitación deberán estar dirigidas por un Director Técnico Farmacéutico con título habilitante, quien ejercerá su función en forma directa y personal”.
Para enmendar esto, las entidades farmacéuticas esperan poder reunirse con autoridades del gobierno jujeño, como así también con ambos legisladores autores del proyecto.
Qué dice la ley nacional
Como se señalaba anteriormente, el proyecto de los radicales Gutiérrez y Burgos se contrapone a la normativa nacional N°17.565, la cual establece que serán autorizadas las instalaciones de farmacias cuando la propiedad sea de profesionales farmacéuticos con título habilitante; de sociedades colectivas o sociedades de responsabilidad limitada; de sociedades en comandita simple; de establecimientos hospitalarios públicos; o de las obras sociales, mutuales o gremiales.
En el caso de Jujuy, si se aprueba la nueva ley, la propiedad ya no será exclusiva de profesionales del área y podrá ser una sociedad anónima. Por ello, desde la FACAP y el CPFJ apuntaron que “ese formato de negocio farmacéutico está en contra de los principios fijados por la mayoría de las jurisdicciones del país, que buscan preservar el rol de integrante de la cadena de salud pública que debe cumplir la farmacia como un eslabón del sistema sanitario regulado por el Estado”.
Y argumentaron que este tipo de negocio conlleva la posibilidad de “exposición en góndolas y el auto servicio para los medicamentos de venta libre que va en contra de normativas vigentes a nivel nacional y conspira contra las responsabilidades de los profesionales farmacéuticos”.