JUJUY

La investigación se inició de forma exprés

“Quieren silenciar la crítica, la opinión”, el descargo de la militante denunciada por la diputada Isasmendi

Luli Quispe fue la única imputada en la causa por amenazas, además de imponer un bozal legal por el cual no puede nombrar a la legisladora que ocupa una banca con el bloque de Rivarola, aunque fue la militancia la que salió a apoyar su candidatura

“Quieren silenciar la crítica, la opinión”, el descargo de la militante denunciada por la diputada Isasmendi

 

Luli Quispe fue imputada por “amenaza” y un bozal legal tras la denuncia penal que realizó la diputada provincial Noemí Isasmendi, quien ofreció de prueba una captura de una conversación en un grupo partidario de WhatsApp con más de 200 personas.

En la audiencia celebrada el miércoles, las abogadas Natacha Freijó y Alicia Chalabe -que patrocinan a Quispe- solicitaron que estuviera presente el fiscal Diego Funes porque la declaración iba a ser tomada por el secretario. 

Funes tomó declaración a Quispe, dio lectura de la imputación y luego consideró continuar con la investigación en un trámite exprés.

“Para nosotras no es una amenaza, es un hecho atípico porque Funes dice que está imputada por amenaza porque le dijo: te voy a sacar rulo por rulo y que la iba a reventar cuando vaya a la Legislatura” , relató Chalabe.

Si bien la expresión o escritura del mensaje Quispe respondió que sí envió, pero ella no fue a la Legislatura ese día de apertura de sesiones ordinarias, en referencia a la fecha del mensaje de WhatsApp. Ese grupo partidario “Fuerza Patria Jujuy” fue del 25 de febrero y donde estaba incluida la denunciante que no respondía las consultas del grupo sobre su traición al espacio partidario.

 El fiscal Funes descartó el contexto de la conversación de WhatsApp, sólo señaló la concreción de la amenaza. De manera que avanza Isasmendi contra una militante del mismo partido. 

“Es grave, que una compañera entregue a otra compañera al MPA, le dije al fiscal ese grupo partidario es mi grupo partidario donde hay más de 200 personas. Lo que no me esperaba es que alguien haga una captura de ese grupo y haga una denuncia penal”, manifestó indignada la abogada Chalabe.

 

¿Quién es el enemigo? 

El caso tiene antecedentes en la dictadura cuando había entregadores. En la provincia, el caso de los tuiteros fue por una denuncia del ex gobernador, en cambio en el caso de Isasmendi es a una propia militante del mismo partido

Luli Quispe relató que se presentó a la audiencia, declaró ante el fiscal: “le dije de mi militancia, como activista del colectivo LGTB, expresé mi postura y por el cual trabaje para la señora para que llegue a la banca. Mi reacción fue bronca e impotencia que en ningún momento la señora explicó a la militancia sobre la decisión que tomó. Se fue con el rivarolismo al que nosotros nos opusimos. Llega a ocupar la banca de los militantes que trabajamos para ella, que nos sentíamos identificados y la militamos” relató la denunciada, quien era llamada por la denunciante en campaña política.

“Reconocí lo que dije en un grupo privado donde ella estaba y no respondía. Le pedíamos explicaciones de los hechos, porque en ese momento eran rumores. Compañeras, compañeros, compañeres le preguntábamos y ella no respondía”, explicó el contexto de la expresión.

También destacó que “no fui a la marcha el día del mensaje del gobernador, no participé, estaba trabajando. Lo que dije fue por impotencia ante la decisión individual de la señora”, ante la imputación que cae solo a Quispe en un grupo de varios miembros.

“Esto me pone mal, acá quieren silenciar la crítica, la opinión. Esta imputación se da justo en el marco del día de lucha de los derechos trans. Nos toca hoy con un retroceso para un colectivo tan vulnerable en estos tiempos de discursos de odio. Quieren castigar a un colectivo que exige explicaciones sobre política y nos sentimos traicionadas”, sostuvo con firmeza ante la discriminación y persecución al colectivo.

Quispe además detalló que manifestó al fiscal: “no la conocíamos a la señora, no la puedo nombrar por la restricción. No sabíamos de donde venía, pero había sido elegida y trabajamos porque había que bancarla como compañera en el partido, creyendo en un proyecto político nacional y popular por el que nos caracteriza el peronismo. Nos sentimos defraudadas por el hecho que ella ha traicionado al sector del peronismo y haberse ido con el sector empresarial que años lucró con el partido por interés personales y no colectivos. En la campaña nos dieron la oportunidad como colectivo de trabajar y militamos”.

“La banca representa el voto popular no es que ella llegó por una cuestión de suerte, como tirar una moneda cara o cruz. Ella llega por nuestra militancia, nuestro trabajo de estar mañana, tarde y noche militando su candidatura y ahora ocupe el lugar que ocupa. No es suerte, es trabajo, territorio y tiene nombre y apellido de los que han militado con trabajo” resaltó ante el valor que tiene la banca en la Legislatura provincial.

“A mí me imputan por lo que dije y lo reconocí, lo tomo como una persecución, discriminación, la única soy yo” concluyó la militante que deberá continuar con la investigación.

 



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