Las Organizaciones de Derechos Humanos de la Provincia de Jujuy expresaron a través de un comunicado “enérgico repudio al violento operativo llevado a cabo por las fuerzas de seguridad en la localidad de Tilcara, donde se reprimió a integrantes de la comunidad Cueva del Inca y a personas que se encontraban acompañando y ejerciendo el legítimo derecho a la protesta en defensa del territorio ancestral frente al avance de negociados inmobiliarios”.
El accionar represivo, caracterizado por una violencia institucional injustificada y múltiples detenciones arbitrarias, constituye una grave violación a los derechos y garantías consagrados en la Constitución Nacional, particularmente los artículos 14 y 14 bis, que garantizan el derecho a peticionar a las autoridades, a la libertad de expresión y de reunión pacífica, así como el respeto a la dignidad humana.
Asimismo, este tipo de acciones contravienen compromisos asumidos por el Estado argentino en tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, tales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, los cuales prohíben la detención arbitraria, protegen el derecho a la protesta social y resguardan los derechos de los pueblos originarios.
Recuerdan el Convenio 169 de la OIT reconoce el derecho de los pueblos indígenas a participar en la toma de decisiones que afecten sus territorios y a ser consultados de manera previa, libre e informada.
Por último señalan que “hacemos responsable al gobierno provincial por este accionar violento e incompatible con un Estado de Derecho. Exigimos la inmediata liberación de las personas detenidas, el cese de la criminalización de la protesta social, y el respeto pleno a los derechos territoriales y culturales de las comunidades originarias. La defensa de los derechos humanos no puede ser una consigna vacía ni una declaración protocolar: debe traducirse en políticas públicas concretas que respeten la diversidad, el territorio, la dignidad y la libre expresión de los pueblos”.
Rechazo a la violencia
La Fundación Un mundo mejor es posible (UMMEP) y la Organización Juanita Moro manifestaron a través de un comunicado “su más enérgico repudio al violento desalojo y represión a la comunidad Cueva del Inca de la localidad de Tilcara que se encontraban resistiendo en su territorio comunitario”.
Además sostienen que “la orden de desalojo fue arbitraria, firmada por la jueza Lis Valdecantos Bernal, avasallando los derechos de la comunidad. Avanzando sobre territorios de los pueblos originarios preexistentes al Estado Nacional y que se encuentran garantizados en la Constitución Nacional”.
“Repudiamos el enorme y desmedido operativo policial que reprimió a la comunidad, golpeando a mujeres, ancianos y niños. Hacemos un llamado a la reflexión al gobierno provincial para que ordene la liberación de lxs detenidxs y el cese inmediato de la represión y el desalojo a las familias a quienes acompañamos y nos solidarizamos en sus reclamos” expresaron su preocupación ante la represión en el gobierno de Carlos Sadir.