A dos días del violento desalojo, la comunidad de Cueva del Inca regresa a su territorio en la Quebrada de Sarahuaico, donde sus viviendas fueron demolidas ilegalmente por la justicia provincial.
El lugar fue alambrado, y estuvo custodiado, ésta mañana no se encontraban efectivos policiales, aunque sí estaban en el Hotel del empresario que solicita posesión de su tierra en Finca la Cortadera.
La comunidad de Cueva del Inca se encuentra resisitendo, defendiendo su territorio y han convocado a otras comunidades, amigos a acompañar su lucha y que se respeten los derechos que le asisten.
La casa de la presidenta de la comunidad, Miriam Alfaro fue destruida y una casilla de turismo comunitario, estructuras que en pocas horas las fuerzas de seguridad y una división de bomberos destrozaron en horas del pasado lunes.
La jueza Liz Valdecantos Bernal facultó al juez de paz Apaza a despojar a Javier Mamaní en Finca la Cortadera a 3 km al norte de la comunidad Cueva del Inca. La comunidad tiene su registro territorial, la carpeta técnica, personería jurídica y no es el lugar donde desataron por segunda vez represión a la comunidad. El 22 de abril pasado, intentaron desalojar y por ello se tramita una denuncia en la justicia federal.
En horas de esta mañana, la comunidad regresó al lugar a tomar posesión de su territorio. Denuncian a jueces y fiscales. “Con sus policías y el gobierno provincial están en el entretejido de corrupción, dictaminan desalojos, despojos a las comunidades indígenas. Todo para negocio inmobiliario, para sus negocios turísticos, hoteleros, de apropiación de aguas, cerros y ríos. Para entregar a las mineras extractivistas”, expresan en sus redes.
Alfaro, comunera expuso la documentación legal, resolución 466/14 carpeta técnica, estudio antropológico que contrapone a la orden de despojo de la jueza Liz Valdecantos Bernal que señala Finca la Cortadera, terreno distante a la comunidad indigena.
“Queremos aclarar a todos que la orden de desalojo es contra un miembro de la comunidad que ha sido Javier Mamaní que por voluntad propia se retira el 21 de abril de 2025, Aun asi el juez de paz de Tilcara ejecuta la orden con una brutal represión el 7 de julio contra las 12 personas que estábamos dentro de mi casa. Nos violaron todos nuestros derechos. Que la jueza sepa que no es finca la Cortadera, que ese lugar está a 3 km al noroeste. Averigue y asesorece y no moleste a la comunidad y dejenos vivir en paz”, sostuvo.
Además informo que “la complicidad , confabulación del empresario con la policía ya que ahí están los policías. La denuncia la realizamos el lunes y está en etapa de investigación en la justicia federal”, afirmó.
En tanto que las pertenencias de la comunidad fueron llevadas a un depósito judicial , en este sentido señalo Alfaro que “ese depósito judicial es propiedad del hotelero Carlos Vázquez y Natividad Cruz, o sea mis cosas están ahí”, detalló.