JUJUY

La judicialización como maniobra de disciplinamiento

“Sin justicia, no hay democracia”, dirigentes imputados a una semana de la denuncia federal a funcionarios de Morales

Esta mañana referentes conocieron que están acusados de amenazas y extorsión, aunque se les quitó la figura de asociación ilícita. Alejandra Cejas, abogada de 2 referentes apuntó a la celeridad de esta causa en comparación con otras

“Sin justicia, no hay democracia”, dirigentes imputados a una semana de la denuncia federal a funcionarios de Morales

 

A pedido del fiscal Diego Funes, referentes de organizaciones sociales se presentaron en las oficinas del MPA para conocer las imputaciones que pesan contra ellos, luego de los allanamientos ocurridos el pasado 6 de julio, situación que se produce a una semana de la denuncia federal que recibieron funcionarios del gobierno de Morales, por lo que entienden que la maniobra responde a los caprichos del gobernador para disciplinar a sectores opositores.

Si bien en un principio eran 11 las personas imputadas, ahora la justicia ordenó la desvinculación de 5, por lo que sólo quedaron acusados por los delitos de extorsión y amenazas coactivas. También se retiró la figura de asociación ilícita.

Entre quienes siguen siendo investigados por la justicia, se encuentra José Surita, del Movimiento Evita, quien consideró sobre la causa “es todo inventado, no hay nada serio, lo cierto que una vez más volvemos a ver qué la justicia responde a los caprichos del gobernador”.

Pese a la investigación en su contra, Surita dijo estar tranquilo y adujo “hacen esto para intimidar a todos aquellos que reclaman por las malas políticas, por la mala gestión del gobernador y obviamente hace esto, para meterle miedo a la sociedad, para quebrar un proceso de unidad de todas las organizaciones sociales, sindicatos, gremios, lo que hace esto es fortalecernos más, porque sabemos que nosotros no cometimos ningún delito”.

Además, el referente del Movimiento Evita expuso “esto va enmarcado en que las organizaciones sociales con otros sectores presentamos cerca de 22 mil firmas, a través de una iniciativa popular, en contra de la reforma constitucional, ellos saben que sí nos meten miedo a nosotros, se quiebra un proceso de lucha en Jujuy y no lo van a lograr, nosotros estamos en contra de la reforma porque solamente lo beneficia al gobernador, ya lo dijo el intendente de Libertador (por Oscar Jayat) riéndose en la cara al pueblo jujeño que no nos creamos que son dos mandatos y Gerardo Morales se va la casa”.


 

Una causa plagada de irregularidades

Por su parte el abogado defensor de Surita, Luis Paz habló de la causa que se inició meses atrás y observó varias irregularidades. “Dice esta acta de imputación que los dirigentes habrían exigido a militantes de las distintas organizaciones para obtener diferentes beneficios sociales a través de un pago. La verdad que las denuncias que hay en este sentido son bastante flojas”.

Sobre este punto, el letrado indicó “las personas que han denunciado carecen de una fortaleza para sostener una denuncia de estas características, las vamos a citar, vamos a citar a los testigos, esperamos ver los teléfonos y las computadoras secuestradas para ver el contenido y deslindar la responsabilidad de los dirigentes”.

Asimismo, destacó “las denuncias de personas vinculadas a distintas organizaciones aparecen casi un mes después, grave, porque se inició un proceso de investigación infiltrando organizaciones, no es un dato menor, que hay que tenerlo presente porque a través de esas infiltraciones que generó el MPA a través de la policía, no lograron el objetivo, entonces tuvieron que inventar denuncias, estas denuncias de personas físicas las vamos a investigar nosotros también”.

Hay que señalar que la investigación la inició de oficio el fiscal Funes, que una semana atrás, junto al ministro de Seguridad, Luis Martín y otros funcionarios, tanto judiciales y del Ejecutivo fueron denunciados por violar la ley de inteligencia interior.

Sobre ello, Paz consideró “el espionaje forma parte de una matriz de persecución política, social y sindical en Jujuy, una matriz que tiene su origen en el año 2016 y que forma parte de una forma de gobernar, lo que la Comisión de Derechos Humanos y en Solidaridad con los Pueblos recibió, percibió y denunció en las 4 visitas que hizo a la provincia en este tiempo, están reflejadas en el informe y este informe también es el antecedente de la denuncia federal que se hizo contra funcionarios del poder judicial y contra funcionarios del poder ejecutivo”.

Y agregó “Morales inició una etapa en la provincia de Jujuy de resolver la política o los problemas políticos a través del uso del poder judicial y a través del MPA, eso trae consecuencias: el deterioro de la democracia, el deterioro de las relaciones sociales, el avance de un proceso fascistoide que en la provincia está muy arraigado y el principal responsable se llama Gerardo Morales”.

En la misma dirección, Alejandra Cejas, abogada de 2 dirigentas apuntó contra todo el proceso en sí: “todavía no hemos podido acceder a cuáles eran las pruebas para elevar la causa o para elevar la figura de imputados, es un tema discutido porque cuando comenzó esta causa el 31 de marzo, esa la calificación era de imputado, hoy se formaliza de alguna manera, pero ya es un tema que hemos recurrido”.

Y detalló “no se entiende porque se busca la extorsión y se empieza el día de la apertura de sesiones con únicamente con las organizaciones opositores a Gerardo Morales, evidentemente el condimento político no se puede soslayar, nosotros ya hemos presentado denuncias penales contra el fiscal y el juez porque han violado garantías básicas”, entre ellas, los allanamientos de concejalas con fueros parlamentarios “hay delito”.

Sin embargo, no es el único delito cometido por funcionarios de la justicia local, también está “adelantamiento de opinión por parte del juez y del fiscal, nosotros en esto podemos enterarnos a través de los medios de comunicación de lo que están haciendo sin que las partes puedan acceder o conocer, hay un fuerte condimento persecutorio político y lawfare”.

El escenario político que esgrimió Cejas es “Gerardo Morales está lanzando su campaña para la reforma constitucional, que aparezcan las imputaciones de los referentes no nos puede sorprender, al contrario, cada vez es más predecible lo que hace Morales para sostener y fidelizar los votantes de él”.

“Lamento que el MPA se haya convertido en una unidad política del oficialismo, donde se persiguen y se mueven expedientes únicamente para los opositores al gobierno, lo digo como abogada litigante, nosotros estamos impulsamos una serie de denuncias de causas que no tienen movimiento y tenemos que insistir, perseguir a los fiscales para que trabajen”.

Por último, Cejas -que supo padecer el hostigamiento como diputada opositora- reflexionó: “hay muchas aristas que hay que empezar a debatir en el tema de la justicia, no casualmente Jujuy tiene dos pedidos de intervención al poder judicial, no casualmente hay una discusión que se está dando en todos los espacios sociales, gremiales y políticos en relación a cómo está trabajando la justicia y como se pretende acallar, hostigar, perseguir y generar miedo, hace unos días ya se hizo una denuncia a nivel federal en relación a la ley de inteligencia y seguridad de interior, que es bastante grave y que también involucra al MPA, no hay ninguna denuncia que no esté involucrado el MPA”.

Y sentenció “sin justicia, no hay democracia”.



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