JUJUY

En 2022 también tuvo un pedido de apartamiento

Un nuevo pedido de juicio político a juez de la Corte Suprema, lo acusan de ocultar y paralizar un expediente

Por segunda vez, Federico Otaola es señalado por su mal desempeño. El abogado Hernán Palomares sostuvo que se arrogó funciones de forma unilateral en una causa en un juzgado laboral

Un nuevo pedido de juicio político a juez de la Corte Suprema, lo acusan de ocultar y paralizar un expediente

 

Gerardo Morales inauguró un capítulo dentro de la justicia provincial, a la ampliación del Tribunal Superior -ahora Corte Suprema-, le sucedieron múltiples pedidos de juicios políticos contra magistrados, el más señalado, Federico Otaola que, por segunda vez se pide su apartamiento.

Fue en el orden del día de la sesión ordinaria prevista para este jueves en la Legislatura que se conoció el ingreso de la denuncia de Hernán Palomares en contra del presidente de la Corte Suprema de Jujuy por incumplimiento de los deberes a su cargo y mal desempeño.

Según el abogado, Otaola se arrogó funciones de forma unilateral, además de denegar sistemáticamente justicia, omitir maliciosamente información a otros tribunales y la retener indebidamente actuaciones.

Palomares detalló en la presentación “en el año 2024, interpuse una denuncia por mal desempeño contra la Jueza del Tribunal del Trabajo, Dra. Amalia I. Montes (Expte. Nº 3883). Durante dos años, se me impidió sistemáticamente el acceso a las actuaciones, manteniéndolas en un estado de parálisis administrativa sin notificaciones ni avances procesales”.

En la misma dirección, indicó que el 11 de marzo de este año “se produjo un doble accionar irregular. Mientras el Dr. Otaola firmaba el rechazo de mi denuncia actuando de forma unipersonal, el Secretario de Superintendencia, Dr. Ariel Cuva, enviaba el Oficio N° 22 a la Cámara de Apelaciones del Trabajo informando que mis denuncias habían sido "rechazadas y archivadas".

Así, el letrado consideró que con la omisión en la existencia del expediente se rechazó su acusación contra la jueza Montes, todo como consecuencia de la “información incompleta brindada por la Presidencia de la Corte”.

Y agregó “la retención de la denuncia sin elevarla al plenario y la información parcializada permitieron que la Dra. Montes continuara resolviendo en causas donde existía un claro conflicto, provocando demoras de entre 4 y 8 meses en cada incidente de oposición a la recusación y causando un daño irreparable a los derechos de mis asistidos”.

Exponiendo los rechazos firmados por Otaola a las presentaciones que realizó, el abogado consideró que el magistrado “ha reinstaurado de facto un régimen de protección corporativa. Al hacerlo, no solo ha vulnerado la letra de la Ley, sino que ha anulado el sistema sabiamente diseñado por esta misma Legislatura, el cual integra a representantes del pueblo, abogados y magistrados precisamente para evitar el vicio de que "los jueces se juzguen exclusivamente a sí mismos".

Por lo que consideró la retención de expedientes, Palomares pidió la destitución e inhabilitación de Federico Otaola. Y advirtió “llevo más de dos años inmerso en un desgaste profesional inmerecido. Es altamente probable -y dejo aquí asentada mi predicción- que tras la interposición de esta denuncia observemos una celeridad inusitada por parte de la Presidencia de la Corte para intentar "regularizar" lo sucedido durante muchos meses”.

 



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