Sin tener todavía los remplazos de los 3 vocales que ya renunciaron, otros 3 pedidos de juicio político contra jueces del STJ tomaron estado parlamentario en la Legislatura en el día de ayer, por lo que el poder judicial provincial continúa sumergido en una crisis institucional.
En medio de un clima enrarecido, el parlamento jujeño tomó conocimiento del pedido de remoción en contra de la jueza Laura Nilda González y su par José Manuel del Campo, además de su presidente Federico Otaola.
Si bien ya se conocían estos 3 nuevos pedidos de expulsión, hasta el momento se trataba de rumores, en tanto no había presentaciones oficiales hasta ayer, cuando en la 4º Sesión Ordinaria tomaron estado parlamentario, por lo que la Legislatura deberá tratarlos.
En los 3 casos, la presentación fue realizada por la abogada María Marcela de los Ríos, quien también apuntó contra la ahora renunciada Elizabeth Altamirano.
Bajo el número de expediente 4-JO-22, los pedidos parecen que no prosperarán. Así lo había anticipado la semana pasada el diputado oficialista Ramiro Tizón, presidente de la comisión de Asuntos Institucionales.
Sin notarlo, Tizón cometió un error: adelantó la decisión que tomará la Legislatura, aún cuando hasta el momento se desconocía los argumentos de los pedidos de remoción.
De hecho, en el sitio online de la Legislatura no se encuentra subido el expediente.
Algo similar ocurrió con los 3 pedidos de juicio político anteriores. Fue la propia diputada Mara Ferreira quien señalaba que no podía opinar porque no conocía los argumentos.
A pesar de ello, la decisión de las juezas Clara de Langhe de Falcone, Elizabeth Altamirano y Sergio González fue renunciar y así evitar el proceso, que finalmente se cayeron ante sus dimisiones.
En el caso de Falcone y González, la maniobra también respondió a asegurarse la jubilación, dado que ya cumplían con los requisitos para hacerlo.
Es tal el escándalo, que hasta el ex juez de la Corte Suprema de la Nación, Raúl Zaffaroni catalogó a estos pedidos de juicios políticos como una “apretada clarísima” contra jueces en Jujuy por parte de Gerardo Morales, a quien acusó de querer armar una justicia a su antojo.