En medio de la asamblea extraordinaria que convocó el SOEAIL por los despidos y que determinó un el corte de la RN34 y permanencia hasta tanto se reincorporen los obreros cesanteados, el secretario general del sindicato fue duramente cuestionado y se pidió se renuncia, todo por el fallecimiento de una mujer que dejó de recibir la medicación.
Denunciado por homicidio ante la justicia, Luciano Lezano es señalado de haber sido quien dio la orden de entorpecer la entrega del tratamiento oncológico a Mariela Nina, esposa de Víctor Alejandro Veliz, afiliado a la obra social de azucareros OSPAIL.
La situación comenzó a finales de abril. En aquel entonces, el marido de la mujer exponía en redes sociales que, por orden del secretario general del sindicato, se había cancelado el tratamiento, negándose a pagar la prestación médica y acusaba a la obra social de abandono de persona.
“La acusación es directa y está documentada ya que ordenó cortar la medicación porque expresó que no valía la pena gastar en alguien que se iba a morir”, manifestó Jorge Ale, abogado de la familia de la mujer fallecida respecto a la responsabilidad de Lezano.
Al respecto, el secretario gremial había señalado en una conferencia de prensa el martes sobre este caso: “nosotros nos encontramos con la obra social destruida económicamente y administrativamente, donde hicimos una junta médica y les comentamos, no yo sino los profesionales que era una patología ya irreversible, terminal”, además de detallar que el tratamiento tenía un costo de unos 44 millones de pesos mensuales, además de una droga paliativa con un valor de 4 millones.
Y agregó que se buscó la forma para que el oncólogo que atendía a la mujer fallecida le realizara un estudio de evolución y si la medicación estaba dando resultados. “Nos estaba costando conseguir la droga, y el oncólogo se negó todo el tiempo, nosotros exigimos eso porque nuestros médicos también dan prioridad a la salud de los afiliados”, además de señalar que intentaron como alternativa cambiar de profesional y se hiciera atender en Salta o Tucumán.
A modo de defensa, Lezano argumentó “no puedo salir a vender un riñón mío para poder conseguir 22 millones de pesos, al mes son casi 44 millones de pesos” y sostuvo que Veliz le pidió disculpas por las versiones “desinformadas” que salieron al respecto.
No obstante, la denuncia por homicidio sí se realizó.
Pero la familia de la mujer fallecida no es la única que apuntó contra el sindicalista, trabajadores afiliados lanzaron una carta abierta en donde acusaron a Lezano por la “pasividad y la traición” con que maneja el gremio, además de acusarlo de haber estado en campaña en Caimancito con vehículos del gremio. “No hay revisión paritaria. No hay asambleas. No hay gestión por salud. Lo que único que hay es abandono. Esto ya no es solo una crisis gremial. Es una tragedia social”, mencionaron en una carta abierta a la familia azucarera.
En la asamblea de ayer, este tema se reflotó, aunque la comisión directiva protegió al secretario general y decidió que no se discutiera la remoción del dirigente.