Un desarrollo inmobiliario que tiene en vilo a la comunidad indígena Pukara en Tilcara que por estos días conformó una autodefensa con niños y ancianos para resistir ante el inminente avance de Infantería para despojarlos de sus tierras.
Tal como indicaron desde el pueblo indígena, desde hace varios días están siendo vigilados y estudiados por la Policía de la provincia. Así, para defender las tierras que les pertenecen y que están reconocidas por el Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas -RETECI-, organizaron una autodefensa comunitaria la cual está integrada por apenas un anciano de 80 años, ocho menores y seis personas adultas.
Por esa razón, en paralelo a la resistencia, abogados continúan recopilando la documentación para presentar la defensa, como así también dejar aclarado en el expediente la legalidad de la ocupación del lugar.
En ese sentido, acusan a la justicia provincial de “colonial”, “injusta” y “racista” siendo que ordenó pronto despacho a las presentaciones realizadas por el abogado Gustavo Fiad -sobrino del dirigente radical- junto a un privado, quienes presentaron un documento de 1911 junto a un plano de prescripción vencida sobre el terreno fiscal y abriendo el expediente de desalojo contra Desiderio Montoya.
El hostigamiento por parte de las fuerzas de seguridad hizo que la comunidad llegara a principios de septiembre a la capital jujeña para denunciar públicamente la situación que padecen, además de realizar presentaciones ante la Secretaría Provincial de Pueblos Indígenas, Defensoría del Pueblo y el Ministerio de Desarrollo Humano para que intercedan.
La comunidad indígena de Pukara es acompañada por comuneros y comuneras frente al escenario de despojo que se repite en varios puntos de la provincia donde se prepondera el negocio por sobre los derechos indígenas. La Reforma parcial de la Constitución fue la excusa para que el Estado provincial declarase todas las tierras de producción y así poder avasallar con los territorios de los pueblos originarios, especialmente en la puna, donde la presencia del litio y el negocio de Sales de Jujuy -donde la provincia tiene una participación del 8,5% a través de JEMSE- es parte de los recursos económicos que obtiene el gobierno radical y de los cuales no ha dado ninguna información sobre su destino.