Javier Milei quiere a Milagro Sala en la cárcel. Detenida en enero de 2016 por ser parte de una protesta social, la justicia de Jujuy fue acumulando causas contra la dirigente social para mantenerla tras las rejas. Después de comprobar que su salud se deterioraba a pasos agigantados, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH) intervino y, en noviembre de 2017, le encomendó al Estado argentino que le concediera el arresto domiciliario o alguna medida menos lesiva. Y así sucedió. Dispuesto a inaugurar una nueva etapa en materia de derechos humanos, Milei reclamó que se levanten las medidas de protección que rigen sobre Sala para que vuelva a la cárcel, mientras acusaba al organismo internacional —en una diatriba semejante a las que suele incurrir Donald Trump— de otorgar “beneficios” indebidos. Para los organismos de derechos humanos que siguen de cerca la situación de Sala —que acaba de salir de una internación—, se trata de un nuevo caso de persecución y hostigamiento.
La presentación en sociedad de Joaquín Mogaburu como titular de la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Nación (SDH) fue a través de un comunicado en el que arremetía contra Sala. “Los derechos humanos están para proteger a las personas, no para blindar a condenados y garantizar su impunidad, mucho menos cuando se enriquecieron a costa de los ciudadanos de bien. Hay un solo lugar para los criminales: la cárcel”, decía la declaración que circuló desde el Ministerio de Justicia en la mañana de este jueves.
El argumento central del Gobierno es que Sala tiene una condena firme a quince años de prisión que debe ser cumplida en la cárcel. Es lo que viene pidiendo la justicia jujeña —siempre alineada con el poder local—, que pretende que la dirigente de la Tupac Amaru deje la ciudad de La Plata, adonde se mudó hacia finales de 2023 para poder realizar los tratamientos médicos que no podía hacer en Jujuy.
En el comunicado, el Gobierno dijo que había rechazado las alegaciones de “hostigamiento judicial” formuladas por las organizaciones que representan a Sala y denunció una supuesta vulneración de las condiciones del arresto domiciliario que habría activado alertas en el sistema de monitoreo electrónico. “Esta medida de la Corte-IDH se transformó en un claro beneficio que mantiene en la comodidad de su hogar a un criminal que robó a los pobres, pese a tener condena firme”, insistió.
“El Gobierno ya había pedido el retiro de las medidas provisionales hace más de un año. Lo que busca es generar una noticia con Milagro para hacer política. Esa publicación lo único que hace es agravar su sufrimiento”, dice Elizabeth Gómez Alcorta, exministra de Mujeres e integrante del equipo legal que patrocina a la dirigente de la Tupac Amaru.
Si bien en 2024 ya se había formulado el pedido ante la Corte-IDH, la administración mileísta lo reiteró. El objetivo principal es que se levante la medida provisional que la Corte-IDH concedió en favor de Sala el 23 de noviembre de 2017. En ese momento, el organismo había señalado: “La situación actual de salud de la señora Sala revela una situación de extrema gravedad y urgencia y la posibilidad razonable de que se materialice un daño de carácter irreparable, por lo cual el Estado debe adoptar medidas para garantizar su vida, integridad personal y salud”.
En diciembre de 2017, la propia Corte Suprema de Justicia de la Nación validó la medida provisional de la Corte-IDH en favor de la detención domiciliaria de Milagro Sala. Ese mismo tribunal después confirmó dos condenas contra ella: la del caso de las “bombachas” (dos años de prisión) y la de Pibes Villeros (trece años de prisión). La justicia jujeña hizo un cálculo aritmético y afirmó que la dirigente social debe cumplir quince años de cárcel. Ya lleva diez detenida: es decir, dos terceras partes de la pena --lo que le permitiría ya acceder a la libertad condicional.
Desde que la Corte-IDH otorgó la medida cautelar en favor de Sala, su salud no dejó de deteriorarse. Sufrió golpes personales muy fuertes: la muerte de su marido y la de uno de sus hijos. Estuvo internada hasta finales de enero y, en las últimas horas, sus abogados plantearon un hábeas corpus para que pudiera salir de la casa en la que cumple arresto domiciliario y atenderse en el hospital San Roque de Gonnet. El juez platense José Villafañe le otorgó una autorización “excepcional”, explicó la abogada Alejandra Cejas.
Desde fines de diciembre, el sistema de justicia jujeño redobló sus esfuerzos para que Sala vuelva a Jujuy para ser nuevamente encarcelada. A fines de ese mes, una delegación del Ministerio Público de la Acusación apareció en La Plata e intentó introducirse en el Hospital Italiano con el supuesto objetivo de comprobar el estado de salud de la líder de la Tupac Amaru. Los propios médicos y enfermeros lo rechazaron.
Esto fue informado a principios de enero por las organizaciones que llevan el caso de Milagro Sala en el sistema interamericano —el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Amnistía Internacional y Abogadas y Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (ANDHES)—. Fue denunciado como un nuevo hecho de hostigamiento y, en ese sentido, se le pidió a la Corte-IDH que impida el traslado a Jujuy.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que es otra de las partes en el proceso, consintió que se mantengan las medidas en favor de Sala: “la CIDH considera importante que se aclare lo anterior —sostuvo en relación con el episodio del hospital— y que el Estado tome ‘las medidas de protección que sean necesarias y efectivas para garantizar la vida, integridad personal y salud de la señora Milagro Sala’”, afirmó en una presentación realizada a mediados de enero.
Diego Morales, director de Litigio del CELS, explicó que hay dos cuestiones que se dirimen en el sistema interamericano vinculadas a la situación de Milagro Sala: por un lado, las medidas provisionales que otorgó la Corte-IDH en 2017 —y que ahora el Gobierno pretende que se revoquen para encarcelarla— y, por otro, las denuncias que presentó la propia Sala por la forma en la que fue juzgada: las irregularidades en la tramitación de las causas o en los juicios, la falta de jueces imparciales y el tipo de revisión de las sentencias que hizo la Corte Suprema. “El Gobierno niega el hostigamiento judicial en el comunicado, pero es precisamente lo que estamos discutiendo ante el sistema interamericano”, remarcó Morales.
El Gobierno parece haber endurecido el tono. Parece decidido llevar la disputa al terreno público y emplear un lenguaje estigmatizante contra la dirigente social. De hecho, la última notificación que había enviado Alberto Baños antes de dejar la SDH no contenía un pedido para levantar las medidas de protección. Es algo que decidió hacer Mogaburu, de la mano del director de Asuntos Jurídicos de la SDH, Alfredo Mauricio Vitolo, quien tiene una publicación en la que postula “la posibilidad de perdonar a los responsables de cometer crímenes de lesa humanidad”.
Si bien el Gobierno sacó a relucir una retórica contra la prisión domiciliaria y comenzó a pregonar que el único lugar para los criminales es la cárcel, no hizo planteos semejantes en los expedientes que tramitan en los tribunales nacionales por los delitos más graves: los crímenes de lesa humanidad. En esos casos, el 83% de los condenados se encuentra en prisión domiciliaria, según las estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH).
Fuente: Página 12
