Mientras que la justicia jujeña negó que durante las protestas contra la reforma parcial de la Constitución se hayan cometido violaciones de derechos humanos, un informe de organizaciones pidió que se investigue al gobierno de Gerardo Morales por delitos de lesa humanidad.
Luego de un extenso trabajo de recepción de denuncias, testimonios y pruebas, la Misión de Solidaridad y Derechos Humanos elaboró un informe donde analizaron el contexto social y político que se vive en la provincia, especialmente durante el proceso de tratamiento de las modificaciones en la Carta Magna y posterior a su aprobación.
Para ello, la misión (integrada por organismos de derechos humanos, sindicales, sociales y legisladores nacionales) se estableció en la provincia desde el 16 de junio al 26 de junio. Abra Pampa, Tilcara, Maimará, Purmamarca, San Salvador de Jujuy y Perico fueron los puntos donde se presentó, allí mismo donde se sostenían cortes de ruta principalmente por las comunidades indígenas.
En ese sentido, el informe subraya el conflicto que vienen sosteniendo los pueblos originarios con el gobierno señalando el interés del desarrollo del litio, que representa alrededor del 66% de los recursos de este metal a nivel mundial.
Así, el documento destaca la “falta de voluntad de la Convención Constituyente” para cumplir con la consulta previa, libre e informada a las comunidades, quienes defienden sus territorios frente a la avanzada de multinacionales en sociedad con el propio Estado provincial (a través de la empresa JEMSE).
En realidad, no es falta de voluntad, sino falta de independencia de poderes. Desde que asumió Morales la gobernación amplió el Superior Tribunal de Justicia de 5 a 9 miembros. De los 4 nombramientos, 3 fueron para figuras del radicalismo: Federico Otaola (ahora presidente), junto a Pablo Baca y Beatriz Altamirano, ambos diputados que votaron por dicha ampliación.
Pero esta no fue la única maniobra del dirigente radical para obtener mayor control sobre la ciudadanía. También se creó el Código Contravencional (Ley 5860), “el mismo ha sido utilizado como un instrumento para labrar actas contravencionales contra quienes se organizan y protestan”, expuso la misión, que además indicó que el mismo desde su implementación en 2016 “se reconoce como contravenciones sancionables mediante multas, trabajo comunitario o privación de la libertad, formas históricas de ejercer el derecho a la protesta social, como la permanencia en el espacio público y la obstaculización del tránsito vehicular”.
En paralelo también se crea un órgano extrajudicial, el Ministerio Público de la Acusación (MPA), manejado por Sergio Lello Sánchez.
“El Estado se constituye como una organización que controla y organiza todo, legitimando la destrucción de cualquier organismo de control y/o de participación ciudadana, asumiendo el poder casi absoluto. Limita el acceso a la justicia a la par que acusa casi sin necesidad de tener prueba alguna, o lo que es peor aún, convirtiendo en delito el ejercicio de la democracia plena. Alienta con distintos estímulos, la delación de cualquiera que piense distinto o la agresión física en el caso de aquellos que se atrevan a manifestar públicamente su oposición. Cada institución va siendo acondicionada a esta visión totalitaria de Estado”, resume la Misión de Solidaridad sobre el funcionamiento de esta cadena de leyes y organismos que intenta dar legalidad con la reforma.
Y agrega “desde la llegada de Cambia Jujuy al gobierno de la provincia se fue incrementando la violencia estatal hacia la protesta social” y enumera:
1. Persecución y encarcelamiento a opositores políticos, particularmente a dirigentes sociales (el ejemplo más claro es el de Milagro Sala)
2. Modificación de la superestructura jurídica provincial con el claro objetivo de limitar el ejercicio a la protesta y favorecer una importante cantidad de negocios
3. Impunidad de las fuerzas policiales provinciales como forma de garantizar cohesión interna, lo que se evidenció en el crecimiento de violencia política, institucional y de género en la vida cotidiana. Su peor exponente fueron el crecimiento de femicidios impunes.
4. Violaciones a derechos propios de las comunidades originarias.
Respecto a las comunidades, el informe apunta que “el Estado Provincial desarrolla espionaje ilegal a través de la Policía Intercultural para que efectivos pertenecientes a una comunidad indígena, ingresen a la misma para ser espías, sirviéndoles como instrumentos para sus intereses”. La cuestión del litio sigue siendo el eje para su persecución.
Así, en el marco de las protestas en contra de la reforma de la Constitución, que otorga rango constitucional al MPA (brazo ejecutor de las órdenes del Ejecutivo), el gobierno, a través de las fuerzas de seguridad, vulneró de “forma sistemática y/o generalizada y dirigidas contra la población civil”, por lo cual se tipifican como delitos de lesa humanidad.
“El Estado de Derecho y el orden democrático en la provincia argentina de Jujuy se han visto gravemente limitados y afectados, suspendiendo garantías judiciales básicas y elementales”, todo ello en el marco de las protestas, un derecho constitucional que Morales mandó a reprimir.
“Las autoridades de la Provincia de Jujuy no sólo no los garantizó, sino que además llevó adelante una sistemática y generalizada acción lesiva contra la población civil”, señala el documento y que cataloga como “abusiva, arbitraria e ilegal de sus competencias, dirigiendo, ordenando y ejecutando acciones violatorias de los DDHH. El monopolio del uso de la fuerza que legalmente ostenta, fue desplegado abusivamente sin observar los criterios de proporcionalidad, racionalidad, legalidad y necesidad que les son exigidos a todo Estado de Derecho, democrático y respetuoso de los DDHH”.
Frente a ello, la misión exhortó a que “las autoridades de la Provincia de Jujuy deben ser investigadas por tormentos, abusos, persecuciones, amenazas, intimidaciones y otras conductas delictivas cometidas por sus fuerzas de seguridad regulares”, pero también por impedir, limitar y condicionar de forma “deliberada y violentamente, la participación política, el derecho de reunión y el derecho a la protesta”.
“Las autoridades de la Provincia de Jujuy y sus agentes deben ser investigadas atento a que las graves violaciones a los derechos humanos constatadas, configuran delitos de lesa humanidad”.