JUJUY

La compañía prometió sostener por 2 años al pueblo

A 4 meses de su cierre, Mina Aguilar dejó cesantes a 400 trabajadores

La empresa multinacional Glencore desvinculó a la mayoría de sus trabajadores en el remoto pueblo puneño bajo pretexto de los retiros voluntarios. Mineros ahora esperan poder acceder al seguro de desempleo en el ANSES

Foto: Edgardo Valeran/Télam
Foto: Edgardo Valeran/Télam

 

Fue a mediados de noviembre de 2020 que la empresa Mina Aguilar notificó a sus más de 600 trabajadores el cese de las actividades de extracción en el lugar, situación que derivó en un conflicto entre la multinacional que planteó el cierre de la planta y el sindicato y donde el Estado provincial jugó a favor de la compañía, lo que derivó en final de la mina, que ahora dejó cesante a 400 empleados.

El “acuerdo” entre la multinacional Glencore y AOMA fue el retiro voluntario de los trabajadores, que ahora esperan poder iniciar los trámites de seguro de desempleo ante ANSES, como así también seguir manteniendo la obra social, uno de los acuerdos que se había llegado en la mesa de dialogo en enero de este año.

“Poco más de 400 mineros acordaron la desvinculación forzada con la empresa” señaló Carlos Trejo, secretario general del gremio, quien además expuso que se “busca aunar criterios para que los trabajadores accedan al subsidio de desempleo y otros derechos luego de perder su puesto de trabajo”.

Y agregó “por esa razón se está tramitando desde el gobierno provincial, se está gestionando eso con el gobierno nacional, porque así fue el compromiso” indicó Trejo.

Por el contrario, fuentes de la ANSES señalaron que para tramitar la Prestación por Desempleo, uno de los requisitos es que el trabajador haya sido despedido sin justa causa por su empleador, como en realidad sucedió en Mina El Aguilar. Sin embargo, al haberse configurado la baja laboral por un convenio acordado con la empresa, la forma en que finalizó la relación de trabajo impediría el otorgamiento de la Prestación por Desempleo.

Otros de las promesas que realizó la compañía -en realidad cumplía con un decreto presidencial- es pagar la doble indemnización a los trabajadores despedidos, pero con este arreglo, dicho beneficio no sería aplicado, por lo que Trejo manifestó su preocupación al respecto y pidió que se cumpla con el acuerdo cerrado en enero.

Asimismo, la subsidiaria de Glencore había indicado que se iba a estar presente durante 2 años más en el pueblo, durante el cual, durante 12 meses iba a realizar “cuidado y mantenimiento” con un plantel reducido de trabajadores, como así también que iba a mantener el Hospital local por el plazo de 6 meses, para luego pasar a manos del Estado provincial.

Sobre este punto, el gobierno de Morales se comprometió a gestionar el cambio de obra social de los mineros, los cuales pasarían a tener afiliación en el ISJ, tema que todavía no fue resuelto, por lo que queda demostrado otra vez, la pasividad del Estado provincial en un conflicto que afecta a todo un pueblo que se creó alrededor de una mina y que pasará a ser un pueblo fantasma.

 



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