JUJUY

Se sumaron sindicatos y organismos de derechos humanos

Amplio repudio a los allanamientos a organizaciones sociales, la Secretaría de DDHH señaló que hay “fragilidad institucional”

Tras concretarse la realización de 15 inspecciones en domicilios de referentes y sedes de agrupaciones, las denuncias de persecución y hostigamiento volvieron a poner en ojo de la tormenta al gobierno de Morales. Hoy habrá marcha

Amplio repudio a los allanamientos a organizaciones sociales, la Secretaría de DDHH señaló que hay “fragilidad institucional”

 

Con un despliegue simultáneo en distintos puntos de la provincia, ayer la justicia jujeña concretó el allanamiento de 15 domicilios, tanto de dirigentes como de organizaciones sociales, lo que derivó en un amplio repudio por la clara maniobra de persecución a sectores opositores al gobierno, por lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación consideró que hay “fragilidad institucional”.

Entre sindicatos y organismos de derechos humanos de la provincia, la Secretaría que maneja Horacio Pietragalla se destacó por la dureza de los cuestionamientos que hizo sobre lo que ocurre en Jujuy respecto a la impartición de justicia, algo que ya había advertido con el caso Milagro Sala.

“La Secretaría de Derechos Humanos de la Nación repudia y manifiesta su enorme preocupación por una nueva escalada en la persecución a organizaciones sociales en la provincia de Jujuy por parte de autoridades políticas y judiciales”, comenzó el documento tras darse a conocer sobre las inspecciones en el día de ayer.

Y detalló “se recibieron denuncias sobre allanamientos masivos y simultáneos realizados por la policía provincial a más de una decena de agrupaciones populares de diferentes localidades de la provincia con acusaciones ambiguas bajo la figura de asociación ilícita. Es evidente que la utilización del tipo penal de asociación ilícita pretende colocar a los dirigentes frente a la amenaza de la prisión preventiva. A criterio de la Secretaría de Derechos Humanos, se trata de una demostración más de la fragilidad institucional que se vive en Jujuy y de la falta de protección de los derechos humanos en la provincia”.

Además, referenció que “los allanamientos se realizaron en sedes de las organizaciones, merenderos y en el domicilio particular de militantes sociales en las ciudades de San Salvador de Jujuy, en el barrio Alto Comedero, en Tilcara, Palpalá y Calilegua. Además del secuestro de celulares, notebooks y pendrives, los aparatos fueron registrados en el momento, sin la posibilidad de que intervengan abogados defensores ni peritos de parte que controlen el proceso, algo que es absolutamente violatorio del derecho a la intimidad y privacidad”.

Frente a esta clara violación del estado de derecho, el organismo nacional volvió a pedir que se respeten las garantías constitucionales y “exhorta a las autoridades jujeñas a detener la persecución política a organizaciones sociales y a garantizar el Estado de Derecho y el pleno respeto de los derechos humanos en la provincia”.

Rechazo y denuncias de organismos y sindicatos de Jujuy

El proceder de la política de criminalización de los sectores populares no sólo fue repudiada por la Secretaría de DDHH de la Nación, sino que además se sumaron organismos de derechos humanos de la provincia, que señalaron que los allanamientos “son medidas represivas y persecutorias, estás prácticas tienen la intención de sembrar terror, que nos remontan a la etapa oscura de los 70”.

Asimismo, indicaron que “hoy es el turno de las organizaciones sociales que ante la crisis económica que está atravesando el país, son quienes aseguran un plato de comida en los hogares de muchos barrios jujeños.  Las medidas de allanamiento no son más que amedrentamiento a la sociedad para la no organización en lucha de sus derechos”.

APDH Regional Jujuy repudió “la criminalización de la protesta social” y se solidarizó con “con los referentes de las organizaciones sociales” y acusó “al gobernador Gerardo Morales por atropellar, sistemáticamente, los derechos ciudadanos”. La organización denunció que los allanamientos realizados “en los domicilios particulares de diferentes dirigentes sociales, a merenderos pertenecientes organizaciones sociales, no son otra cosa que la muestra cabal y elocuente del manejo discrecional que el gobernador hace de la justicia, la cual evidentemente no constituye un poder independiente y, por el contrario, pareciera estar sólo para cumplir las órdenes del Ejecutivo provincial”.

Por su parte, HIJOS Jujuy repudió “al accionar represivo del gobierno de Gerardo Morales y el Poder Judicial provincial servil a los intereses de Morales, que no cesan con la persecución judicial y política contra todxs aquellxs que levantan la voz demandando una vida digna o enfrentando sus políticas autoritarias”.

En tanto la Liga Argentina de Derechos Humanos pidió la “intervención de los tres poderes del estado en Jujuy, por parte del Congreso Nacional”. La organización recordó que “el gobernador Morales responde a cada gesto solidario con Milagro y lxs presxs políticxs de Jujuy con nuevas agresiones. En este caso con la colaboración siempre predispuesta de la Policía y el Ministerio Público de la Acusación y el Tribunal Superior de la Justicia, montaron estos operativos incluso en hogares familiares”.

“Sobran los motivos para pensar que esto es un acto de revancha, que busca continuar criminalizando y desprestigiando a las organizaciones y a las personas solidarias, organizadas y comprometidas con el presente y futuro de Argentina”. “Siempre supimos que al neoliberalismo se lo arraiga con represión, persecución, miedo. Pensamos que no había lugar para ese tipo de 'gestiones' dentro de la democracia”, aseguró la Liga.

Así también la Abogados y Abogadas del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes) Jujuy repudió “la persecución política y judicial de referentes de organizaciones sociales de la provincia de Jujuy”, y advirtió que esta medida “se enmarca en un contexto represivo y de criminalización de las organizaciones iniciado en diciembre de 2015 y que se ha ido agravando”.

Por su parte, el sindicato ADIUNJu, junto con la CONADU Histórica y la CTA Autónoma también se hicieron eco de lo ocurrido y manifestaron “repudiamos la criminalización a las organizaciones sociales, por parte de la justicia y la policía de Gerardo Morales”, por lo cual, adhirieron a la marcha prevista para este jueves y que partirá a las 9 desde la Plaza de los Inmigrantes hacia las calles del centro jujeño.

Quien también hizo mención sobre el caso fue el legislador provincial Emanuel Palmieri (PJ) condenó los operativos: “en Jujuy siguen persiguiendo a los que piensan distinto. La justicia no puede ser un brazo disciplinador del Gobierno. Mi solidaridad con mis hermanos jujeños que por su valentía arriesgan hasta su propia libertad”, publicó en Twitter.



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