En los últimos días, la Defensoría del Pueblo de la Provincia tuvo que abocarse al asesoramiento de beneficiarios de pensiones no contributivas -PNC- que han visto suspendido el cobro de la misma por no haberse presentado en la auditoría iniciada, trámite que profesionales advirtieron se hace de forma “desprolija”.
“Hubo una primera auditoría, bastante desprolija, en general, todas las personas que presentaron las certificaciones siguieron cobrando, no hubo como muchas bajas”, indicó Ignacio Bereciartua, médico especialista en Psiquiatría que atiende en hospitales de la puna.
Es precisamente en esa zona donde más complejidades se advirtieron respecto a las notificaciones para realizar la auditoría, siendo que las mismas contenían direcciones inexistentes. En ese sentido, el médico también detalló “hubo bajas en personas que no llegaron a presentar los papeles por la desprolijidad más que nada en la zona. Había un lugar concreto, las certificaciones muchas veces no llegaron a los domicilios. Dentro de los hospitales donde yo trabajo, no dejaron de cobrar la gran mayoría”.
Así, el profesional desmiente las versiones del gobierno libertario respecto a la cantidad de beneficiarios que no les correspondería el derecho a la pensión.
Asimismo, Bereciartua manifestó sobre la imposibilidad para cumplir con los requerimientos de la auditoría en la puna: “hay una parte que en general no accede al sistema de salud, entonces seguramente ahí hubo algunas bajas”, aunque consideró que no han sido muchas las bajas. Por el momento, desde esto como una visión un poco acotada de lo que yo veo
Sin embargo, el médico psiquiatra aclaró que habrá una segunda auditoria. “Hay muchas pensiones que se dieron en su momento sin la certificación de discapacidad, fueron como una herramienta de apoyo también a ciertas personas con recursos muy escasos o con condiciones de mucha vulnerabilidad y esas son las que están más en riesgo que van a volver a ser auditadas ahora”.
Bereciartua indicó que esta segunda auditoria aparenta que será como la primera “que nadie va a perder ningún derecho”, aunque puso en duda sobre las intenciones del Ejecutivo nacional de dividir en fases el control de las PNC para que “no sea tanto el impacto mediático”.
Hasta el momento, se desconoce cuántas personas han sido afectadas por la suspensión provisoria de la pensión, número que desde la Defensoría del Pueblo de la Provincia consideran que esta semana podrán tener una estimación.