Una jornada a nivel nacional en contra del cierre del FISU -Fondo Integral Socio Urbana- que permitió a miles de familias de barrios populares vivir en condiciones más dignas y que Milei borró con un decreto. Integrantes del programa se convocaron en la Legislatura, donde la mayoría de legisladores se ausentaron ante el pedido de interceder en la quita del beneficio para los sectores más vulnerables.
“La intención justamente para perjudicar a los sectores más vulnerables”, sostuvo Noelia Vázquez, una de las promotoras de Mi Pieza, que estuvo realizando relevamientos en toda la provincia. Sobre la quita del fondo, la promotora apuntó “nos perjudica porque nosotros estamos pidiendo que se pueda volver al beneficio, que puedan volver las mujeres a cobrar. Tenemos más de 5 millones de mujeres sin poder cobrar el programa”.
Sobre este punto, Vázquez detalló “tuvieron la posibilidad de ganar 255 mujeres acá en la provincia de Jujuy, pudieron refaccionar, pudieron hacer una habitación para sus hijos, poder ampliar, poder hacer la cocina. Algo tan simple como poder hacer el piso”. Y agregó “las viviendas no son dignas para una familia tipo. No puede haber niños viviendo dentro del barro, sufriendo lo que son las inundaciones, sufriendo lo que son los derrumbes de sus viviendas. Inclusive cuando tenemos una emergencia, las ambulancias tampoco ingresan, la policía tampoco ingresa”.
Pasada la campaña electoral, donde el estado de las calles fue un tema de discusión, la referente recordó que hasta la fecha hay barrios donde los caminos son intransitables “no se puede caminar en los días de lluvia, ni tampoco la gente puede salir a los trabajos. Inclusive el programa Mi Pieza daba mucho beneficio a lo que son las obras públicas”.
Sobre este punto, la promotora subrayó que además de la obra que permitía mejoras sustanciales en la calidad de vida, en paralelo se originaba fuentes laborales para los propios vecinos y vecinas, acotando “las mujeres también se empoderaron y pudieron tener esa posibilidad de poder darle una vivienda digna a sus familias”.
Para Vézquez, el cierre del FISU responde a la política inhumana del gobierno libertario, que esperó el fallecimiento del Papa Francisco, defensor de esta política. “Este gobierno ataca a los sectores más humildes. Este es una política dedicada a perjudicar a los que menos tienen y lo expresa de esta manera”.
Por su parte, Liliana Condorí del MTE, también consideró que estas obras llevaban seguridad a las familias y dio cuenta del caso de la conexión intraeléctica realizada en el barrio 4 de Agosto, en Alto Comedero, que benefició a 230 familias: “todas las casas que estaban colgadas, no tenían un disyuntor, una térmica adecuada para la vivienda, llegamos a hacer lo que era un censo y nos dimos con familias que estaban con cables pelados, heladeras que se habían quemado, viviendas incendiadas por lo mismo. Y dimos solución a esto. Cerrando este fondo dejamos sin esa posibilidad a varias familias”, destacó.
Una misma situación se produce con el agua y cuestionó “¿Cuántos barrios se quedan sin agua? ¿Cuántos barrios están abandonados?, duele porque semanas atrás tuvimos una campaña política donde todos los diputados, todos se presentaban, iban y recorrían estos barrios que no tienen nada. Ahora les invitamos que se acerquen y estén con nosotros acá, que luchen por los beneficios de esos barrios, que no se olviden de esa gente”.
Desde la Mesa de Barrios Populares detallaron que el cierre del FISU afecta a más de 6.600 barrios a nivel nacional, “aproximadamente 5 millones de personas, o sea, el 10% de la población argentina”, indicó Marcelo Cabero, además de señalar “en Jujuy son 159 los barrios populares y en San Salvador de Jujuy son 66 los barrios populares”.
“Venimos a pedir una reunión con la Comisión de Obras y Servicios Públicos” manifestaron las promotoras, aunque la única que accedió al encuentro fue la diputada del PJ, Patricia Armella.