JUJUY

Denuncian protección de funcionarios violentos

“Cronología de la impunidad machirula violenta”, el escenario que se vive en Jujuy

En los últimos días se conoció la caída de los pedidos de juicio político al juez Pablo Pullen Llermanos y del diputado Rubén Rivarola, ambos señalados por ejercer violencia de género. Organizaciones apuntaron a la complicidad del gobierno

“Cronología de la impunidad machirula violenta”, el escenario que se vive en Jujuy

 

Lo volvemos a decir: el gobierno de Gerardo Morales ejerce violencia de género, política e institucional en todos los estamentos del Estado provincial, no solo mediante prácticas machistas, misóginas y patriarcales, sino también represivas e inconstitucionales, así comienza un comunicado que sacó la CTA de los Trabajadores de Jujuy y la agrupación sindical ATE verde y blanca respecto al escenario que se vive en la provincia relacionado a los casos de funcionarios acusados de ejercer violencia contra mujeres y que en las últimas horas sumó otro capítulo al caerse el juicio político que pesaba contra el juez Pablo Pullen Llermanos y el diputado Rubén Rivarola.

Titulado “cronología de la impunidad machirula violenta”, el documento fue acompañando por distintas organizaciones políticas, sindicales, feministas, de derechos humanos, entre otras, para plegarse al grito para que en Jujuy se concluya con las prácticas de violencia hacia las mujeres.

El duro comunicado hace mención de algunos casos, tanto de los varones señalados, como de las mujeres víctimas y detalla “la criminalización de la protesta es una acción sistemática respecto de cualquier manifestación de divergencia frente a las políticas implementadas por el gobierno provincial. Ya dijimos también, y repetimos, que Morales continúa protegiendo a funcionarios violentos, como el diputado Rubén Rivarola y el titular del Ministerio Público de la Acusación, Sergio Lello Sánchez, entre tantos otros”.

Por el contrario, compara “en tanto, Milagro Sala y otras compañeras tupaqueras siguen siendo víctimas de Gerardo Morales desde el 2016, al igual que muchas de las mujeres que levantamos nuestras voces para manifestarnos en contra de un Estado que nos quiere calladas y sumisas”.

Ello, a pesar de que desde hace un año en Jujuy rige la Emergencia en Violencia en Género y la “violencia sigue presente y tangible, en todas sus formas, sin demasiados cambios”, apunta el documento.

El ámbito de la justicia no queda exceptuado de estas prácticas violentas, basta recordar los fallos favorables a varones que violentaron niñas y mujeres, tal como suele hacer Pablo Pullen Llermanos, quien ordenó la liberación del femicida de Marina Patagua desoyendo las recomendaciones de un fiscal.

“No pueden pasar desapercibidas, que las resoluciones de los últimos casos judiciales, en los que resultaron implicados varones con poder, evidencian la defensa corporativa que el Poder Judicial, les da. Además de los casos detallados, no podemos dejar de mencionar, el reciente desistimiento al pedido de jurado de enjuiciamiento (Jury) al juez Pablo Pullen LLermanos, por incumplimiento de sus deberes de magistrado y mal desempeño en su función en los casos de violencia de género en los que interviene”.

Respecto a las mujeres violentadas, el documento hace mención a 4 casos:

Alejandra Cejas: diputada provincial suspendida irregularmente en la Legislatura. Denunció por violencia de género al diputado Rivarola, a quien la jueza María Cruz Martínez le impuso una medida de protección y una entrevista psicológica. En sesión, resuelven solicitar un jurado Jury contra la magistrada. Al día siguiente, Martínez levanta las medidas contra Rivarola.

Ana Juárez de Orieta: denunció a Pablo Baca (ex presidente del Superior Tribunal de Justicia) por abuso sexual en marzo de 2020. Hace una semana comenzó a circular una nota firmada por Baca, exculpándose, que circuló en redes junto al peritaje psicológico de Orieta (que debería ser documentación interna del Poder Judicial), exponiéndola. Baca fue absuelto el 26 de agosto, “total y definitivamente”.

Lorena Mamani: abogada de La Quiaca, que a fines de julio fue amenazada por el concejal Hugo Barro de esa ciudad, que “le tiró el auto encima”. No era la primera situación de violencia del concejal, sobre el que hoy solo pesa una medida de acercamiento, dictada por el Juzgado de Violencia de Género N°4.

Verónica Aramayo: integrante de la Comisión Directiva de APUAP, recibió mensajes y una carta documento de Pablo Baca intimándola a retractarse de sus declaraciones de respaldo a la escritora Estela Mamaní, que se negaba a participar en una publicación donde estaba Baca.

 

Con un contexto adverso para denunciar a varones violentos, la pregunta es “¿Dónde están las instancias que deben intervenir para frenar la violencia de género? ¿A quién más intentarán disciplinar? Seguimos esperando respuesta”, concluyeron.



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