Mientras que el presidente Javier Milei se jacta que es el mercado es que debe determinar los precios de toda la economía, por el contrario, el Ejecutivo nacional interviene de lleno en la cuestión salarial al no homologar paritarias que superen el 1% mensual en sectores privados, situación que también afecta de lleno al sector público y que hoy conlleva a una jornada nacional de lucha de ATE y las dos CTA que se replicará en Jujuy, donde además trabajadores de la educación y profesionales de la administración pública se suman a las medidas de fuerza.
La seccional provincial de ATE ya había anunciado su adhesión al paro de 24 horas con movilización que convocó la central y en la capital jujeña la concentración está prevista para las 9 en Parque San Martín. El itinerario concluirá frente a Casa de Gobierno. Los reclamos son la reapertura de paritarias de forma inmediata y el pase a planta permanente de precarizados en provincia y municipios.
Pero, esta no será la única expresión en las calles por la cuestión salarial que se registrará en el microcentro: CEDEMS acompañará el paro de preceptores que exigen a Carlos Sadir que reconozca la paritaria de junio de 2023 y vuelva a pagar las 18 horas cátedra que habían sido reconocidas por Gerardo Morales. “Más trabajo, más remuneración” es la consigna que sostendrán en la marcha que partirá desde la sede gremial -sobre calle Balcarce- a las 9.30.
Por su parte, APUAP confirmó en las últimas horas que se adhiere a la jornada nacional de paro de las centrales de trabajadores y cumplirá con asambleas de todos los lugares de trabajo en donde se desempeñan profesionales de la administración pública. “No al ajuste”, “no al FMI” y “restitución de los fondos a las provincias” son las expresiones de rechazo que levantaron.
Además, el sindicato sumó su repudio a los decretos presidenciales en los cuales se limita el derecho a huelga. Catalogando la medida como “avanzada autoritaria”, criticó la decisión del Ejecutivo nacional de enmarcar como “esenciales” o de “importancia trascendental” a una gran cantidad de actividades y con ello, obligar a trabajadores a prestar el 75 o el 50% de servicios en días de paro.
No obstante, la atribución de calificar a un servicio como esencial o de importancia trascendental puede llegar a quedar bajo la órbita de una “Comisión de Garantías” si el gobierno nacional decide crearla. Ello dependerá de si la actividad afecta “la vida, la salud o la seguridad” de una persona hasta la afectación de “metas de recaudación asociadas a las políticas de equilibrio fiscal”.