Desconociendo los avales presentados a favor de otra postulante, este miércoles la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura jujeña dio dictamen favorable para que María Eugenia Villada ocupe un lugar en el Comité Provincial de Prevención de la Tortura. La discusión para su nombramiento apenas duró 6 minutos.
Presidida por la radical María Agustina Guzmán y acompañada por sus correligionarias Silvina Amerise, Noelia Quispe, María del Valle Quirós, Olga Ramos y por el peronismo Juan Jenefes, Martín Fellner y Verónica Valente, la reunión giro en torno a definir las postulaciones presentadas para ocupar la vacante en el organismo que tenía como únicas candidatas a María Eugenia Villada y Fabiola Suárez.
El despacho favorable para Villada se dio casi sin discusión: la reunión comenzó a las 10 y a las 10:06 ya se había votado. Las diputadas radicales con el apoyo del diputado del peronista aliado Jenefes, apoyaron su postulación, en tanto que Fellner y Valente se abstuvieron. Según Guzmán, presidenta de la comisión, hubo tres abstenciones, contabilizando a Natalia Morales, quien no votó, sino que llegó tarde.
 
                        
                        Acta de dictamen a favor de Villada
Pese a contar con el apoyo de diversas organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos, Fabiola Suárez quedó relegada frente a la figura de Villada, cercana al radicalismo y actual coordinadora de la Casa de la Madres Jujuy que funciona dentro de los galpones recuperados Tupac Katari que maneja el Perro Santillán.
La diputada del FITU, Natalia Morales se opuso a la dictamen y catalogó el proceso de selección como “antidemocrático” y “no participativo”.
El organismo, establece que el mismo está integrado por 3 representantes, uno propuesto por el Poder Ejecutivo, otro por el Poder Legislativo y el restante surge de la propuesta de Organizaciones No Gubernamentales de Derechos Humanos. Villada y Suárez iban por esta última opción.
Reuniones sin quorum y algunas de carácter exprés, impedimento a hacer uso de la palabra para realizar preguntas a las candidatas y falta de un informe de la Audiencia Pública que detalle los resultados de la misma, fueron los puntos que señaló la diputada del FITU sobre las irregularidades que registró desde que comenzaron en agosto las reuniones para definir quién ocupará el lugar vacante en el Comité Provincial de la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.
Para Morales la postura del radicalismo responde a numerosas situaciones de violación de derechos cometidos bajo la gestión del gobierno Gerardo Morales y Carlos Sadir: “el asesinato de Ariel Valerian, tras ser detenido por la policía de Jujuy durante la pandemia, detenciones de: estudiantes del Ceijas, en el Centro de Estudiantes de la Facultad de Agronomía, de los tuiteros que denunciaron tortura dentro del penal Gorriti, durante la lucha contra la Reforma, donde la misma Legislatura funcionó como lugar de detención, tras desalojos y detenciones a integrantes de comunidades indígenas como Cueva del Inca, represión y detenciones en el Barrio Campo Verde, detenciones en barrios pobres, motines y asesinatos dentro de penales, son algunos ejemplos que hemos seguido con preocupación, integrando coordinadoras para valer los derechos humanos de esas personas y que están expresados en informes de Comités nacionales e internacionales que estuvieron en la provincia para recabar información al respecto”.
Así, la diputada de la izquierda concluyó “es el Estado provincial y nacional el que impulsa como política la criminalización de las libertades democráticas y protesta, los tratos crueles e inhumanos, hoy, incluso estipulado por la nueva constitución provincial, denunciada por antidemocrática, por haber sido aprobada sin legitimidad con represión, detenciones, torturas y criminalización”.

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