Son diversos los casos donde comunidades indígenas o familias campesinas son intimadas a dejar las tierras donde viven y trabajan, el caso último conocido fue en los pueblos de Ciénaga, Patacal y Quisquiri (CIPAQUI), donde la Fiscalía de Estado puso un plazo de 15 días para que desocuparan el lugar, la repercusión mediática que tuvo hizo que el gobierno de Sadir tuviera que indicar que no habrá desalojos.
El Ejecutivo, a través de la Fiscalía de Estado de la Provincia aclaró que dichas notificaciones responden al “ejercicio de la tutela y protección de la propiedad pública, con sustento en el dominio del Estado Provincial contemplado en el Código Civil y Comercial de la Nación, lleva adelante intimaciones extrajudiciales ante planteos de prescripción de tierras fiscales”. Y aclaró que dichas intimaciones responden solamente al “cumplimiento de sus deberes legales. El objetivo primordial es la preservación de los bienes de todos los ciudadanos, garantizando que cualquier proceso de ocupación se realice bajo el marco de la ley y el ordenamiento administrativo vigente”.
Así, el comunicado expuso que las actuaciones se llevan adelante son por pedidos de “prescripción adquisitiva sobre tierras de titularidad estatal ante la Dirección Provincial de Inmuebles. En esos supuestos, se dispone la emisión de una intimación extrajudicial con el requerimiento de liberación y cese de ocupación de las tierras en cuestión”.
Y subraya “estas notificaciones no constituyen una orden judicial de desalojo. Se trata del Estado Provincial ejerciendo su facultad como propietario para reivindicar derechos sobre tierras del estado provincial”.
En ese sentido, indica que las actuaciones se desarrollan en toda la provincia, siendo las últimas conocidas en Palpalá, San Antonio, el ramal, así como en distintas localidades de las regiones de Quebrada y Puna, pero sin detallar las tierras en conflicto y agrega que el Estado provincial busca cumplir con el ordenamiento territorial, por lo que mantuvo audiencia con familias que fueron notificadas.
La postura del gobierno es que cada familia deje constancia de la posesión de las tierras y así regularizar la tenencia de las mismas para no ejercer ningún desalojo. Lo cierto es que las comunidades indígenas ya cumplen con ese requisito: con la carpeta del RETECI -Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas- se reconoce el lugar que han ocupado ancestralmente, aún así, la gestión de Morales desconoce esta documentación, incluso, hubo judicialización en Palma Sola, donde familias campesinas recibieron la carpeta por unas 23 hectáreas de familias y el Ejecutivo provincial las denunció por usurpación.
La conflictividad territorial con las comunidades indígenas se agravó con la Reforma (In)Constitucional de Jujuy en 2023, allí, el oficialismo catalogó a las tierras como bienes de producción y trabajo, por lo que se facultó al Estado a regular las tierras fiscales, dicha regulación terminó por ser el argumento para expulsar familias de los lugares donde habitaban y así dar lugar a los emprendimientos productivos.
