De área protegida a sustentable, esa fue la maniobra que aplicó Gerardo Morales -con el acuerdo en la Legislatura- para poner a la venta hectáreas de bosque nativo en la zona de los diques en El Carmen y, pese a estar judicializado, Sadir retoma con la venta directa de 17 lotes.
Fue en Boletín Oficial Nº134 que salió publicado esta semana la intención de vender 15 hectáreas dividida en 17 parcelas que rondan los 2mil m2 cada lote. Dicha licitación la realiza la Agencia de Desarrollo Sostenible, ente encargada de la venta directa.
Tal como señala la convocatoria, oferentes podrán presentar la documentación requerida desde el 28 de noviembre hasta el 19 de diciembre de 2025, siendo esta la tercera vez que la Agencia intenta hacer usufructo de las tierras que tiene en disputa con familias campesinas y esperan que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resuelva el amparo presentado en 2017. Ya había hecho la misma licitación en enero y septiembre.
Convocatoria a venta directa de lotes en los perilagos
“No se presentan porque se trata de territorio en conflicto”, señaló uno de los integrantes de la comunidad afectada por el intento de desarrollo urbano que Morales vendió como “la Carlos Paz” de Jujuy. Tal es así, que para acceder al desarrollo inmobiliario exclusivo que pretende realizarse en dique La Ciénaga sus oferentes deberán desembolsar unos 40 millones de pesos sólo por la parcela.
“Ningún obrero, ningún albañil, trabajadora rural, enfermero, maestra, plomero, jardinero, trabajadora doméstica, mozo, o trabajador municipal, podrá comprar uno de estos lotes. Si apenas se llega a fin de mes; el gobierno no sube significativamente los salarios ¿cómo podría un trabajador jujeño comprar un lote? Se hace evidente que este loteo no es para ellos; que la venta está destinada y pensada para otra clase social” apuntaron en un comunicado que lanzó la OCP -Organización Campesina de los Perilagos- donde señalaron que el loteo estará destinado “a la élite empresarial, política y judicial”.
El documento detalla cronológicamente como Morales, apenas asumido, comenzó a interesarse en la venta del área protegida y señalaron “10 años en los que desplegaron todo tipo de maniobras vergonzosas. Infinidad de arbitrariedades que tienen como responsables, en buena medida, a los funcionarios del Ministerio de Ambiente de Jujuy” y agregaron “a principio de diciembre de 2017, ya era sabido, el gobierno avanzaría en cualquier momento, y para eso necesitaban eliminar el Área Natural Protegida los Diques. Logrando de esta manera que todas las tierras dejen de formar parte del Dominio Público, situación que prohibía su venta. En ese momento ya tenían preparado el proyecto para derogar la Ley 5365 (Área Natural Protegida los Diques). Hasta entonces la Intendencia de los Diques, que formaba parte del Ministerio de Ambiente, no respondía las notas con pedidos de informe presentadas por las familias campesinas. Allí, comenzaron a decir que tenían un proyecto de ecodesarrollo turístico, que no solo ocultaban, sino que, negaban la existencia de un plan para vender tierras”.
Frente a los rumores, las familias pidieron reunirse con la ministra de Ambiente, Inés Zigarán, quien nunca los recibió, pero si lo hicieron otros funcionarios, entre ellos, Javier Gronda -también en el conflicto territorial de la comunidad Tusca Pacha- y ahora posible nuevo integrante de la Corte Suprema provincial, quien se hizo pasar por biólogo.
Asimismo, la organización campesina denunció un posible hecho de corrupción respecto a la venta de estos lotes: en la licitación de enero, se indicada que el precio del m2 era de 17 dólares mientras que el promedio del valor en la zona es de 30 dólares. “Quiere decir que el gobierno está vendiendo el patrimonio público casi a mitad de precio. ¿Por qué razón el gobierno les ofrece un precio tan barato a los inversores multimillonarios? ¿Será que a cambio hay funcionarios que acordaron una participación en las futuras inversiones y negocios?”, cuestionaron.
En la misma dirección, subrayaron que desde la Secretaría de Energía se está desarrollando obras para el tendido eléctrico, obra con un costo de 900 millones de dólares que salen de las arcas públicas para un emprendimiento que apenas dejará unos 9 mil dólares de ganancia, por lo que exhortaron a funcionarios a dar explicaciones sobre el manejo de los fondos públicos.
