JUJUY

Tras el repudio generalizado

El gobierno provincial dio marcha atrás con el decreto que imponía multas a trabajadores de la salud

Según informó el sitio gubernamental, desde la fecha de hoy queda sin efecto el decreto N°1444-S/2020 que posibilitada multar a trabajadores de la sanidad por una suma de entre 40 mil y 1 millón de pesos, además de la posibilidad de arresto e inhabil

El gobierno provincial dio marcha atrás con el decreto que imponía multas a trabajadores de la salud

Finalmente el gobierno de Morales debió dar marcha atrás con el Decreto N°1444-S/2020 que imponía multas a trabajadores de la salud que por algún motivo no cumplieran funciones en los destinos que dispusiera el Ministerio de Salud en el marco de la pandemia, ante el rechazo generalizado de gremios afines, pero también de la sociedad en general.

Es que dicha resolución, además de imponer multas, también había facultado a proceder con la imposición de arresto e inhabilitación a trabajadores, que desde el inicio de la emergencia sanitaria-epidemiológica, vienen cumpliendo con sus labores, aún cuando denuncian desde marzo la falta de equipos de protección personal y elementos de bioseguridad acordes a la situación, exponiéndolos a los contagios de covid 19, tal como efectivamente ocurrió.

La polémica medida llegó a los medios de comunicación nacionales y, ante la caída de la imagen positiva de Morales en el manejo de la pandemia, parece que surtió efecto en el gobernador, que debió dar marcha atrás.

Según detalla el sitio gubernamental Prensa Jujuy “en atención a que se logró superar las dificultades que lo originaron, el Ministerio de Salud anunció la derogación a partir del 3 de septiembre del Decreto Acuerdo N° 1444-S/2020 que establecía sanciones a médicos que incurrían en incumplimiento a la prestación de servicios”.

En un intento de excusar que la derogación no respondió al malestar que generó, el texto continuó explicando “cabe recordar, que la cartera de Salud promovió en su momento el referido decreto debido a que había 150 médicos aproximadamente que no concurrían a trabajar a los lugares donde se atiende COVID-19, negando incluso a notificarse de que debían asistir al hospital de campaña o similar. Frente a esta situación, se tuvo que notificar a estos médicos mediante la Policía para hacer efectiva la notificación. Formalizada esta instancia, la gran mayoría de los profesionales referidos comenzó a trabajar en los lugares donde se necesita atender COVID-19”.

Y agrega “se llegó a aplicar a 3 médicos sanciones económicas y disciplinarias. El resto, en tanto, comenzó a prestar servicios en lugares de atención COVID-19. Por lo cual, el decreto ahora no es de necesaria aplicación”.

Asimismo, tratando de quitar el peso de la responsabilidad al mandatario provincial -que según la consultora CB, Morales es el gobernador con la peor imagen en el marco de la pandemia- expresa el comunicado “en consecuencia el Ministerio de Salud requirió al gobernador Gerardo Morales la derogación de dicho dispositivo”.

Lo cierto, es que el decreto, publicado en el Boletín Oficial N°104 el pasado 31 de agosto, lleva la firma del gobernador Morales.

 

El decreto no duró 48 horas, fue repudiado por diferentes sectores por la ilegalidad del mismo, ayer se expidieron el Colegio Médico, el Consejo Medico, el Colegio de Psicólogos de la provincia repudiando la medida por ser inconstitucional. En esa sintonía Apuap había anticipado realizar acciones legales contra el decreto provincial.

Además la repercusión nacional de la medida fue de un gran escándalo, agravando así la crisis sanitaria  que se vive en la provincia.

 

Educación también debió “recalcular”

El mismo día que Morales firmaba este polémico decreto -ahora ya sin efecto- el Ministerio de Educación también debió desandar sus propias normativas.

Es que gremios docentes habían advertido que el 14 de agosto, la ministra Calsina había impuesto afectar “con carácter transitorio de 30 días, agentes del Agrupamiento Servicios Generales del Ministerio de Educación, para prestar tareas esenciales en la emergencia sanitaria, bajo la dependencia del Comité Operativo de Emergencia (COE)”.

Tendiendo en cuenta que trabajadores de la cartera educativa no poseen los conocimientos necesarios para llevar a cabo una tarea sanitaria, sindicatos alertaron esta maniobra.

Así, Isolda Calsina refirió sobre el tema en la videoconferencia brindada días atrás, donde confirmó que se iba a dejar sin efecto dicha resolución, tal como ocurrió finalmente el 31 de agosto bajo el N°2002-E/2020.



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