"En Humahuaca hubo represión policial con todas las letras"

Frente al cinismo y el aval oficialista al despojo territorial, la diputada provincial Natalia Morales del PTS FITU denunció el accionar ilegal de las fuerzas de seguridad y apuntó contra el modelo represivo que une la política provincial con el ajuste nacional de Javier Milei.

"No fue un mero ’auxilio judicial’ como quiso justificar la provincia: fue violencia institucional, represión y desprecio racista. Dispararon a la cara y al cuerpo a corta distancia, dejando diez heridos y ocho menores de entre 1 y 7 años retirados sin la autorización de sus madres. Tres viviendas fueron destruidas por máquinas sin patente bajo la orden del juez Calderón. Mientras tanto, la UCR y el PJ se alían para defender los intereses de grandes negocios inmobiliarios y extractivos por encima de los derechos comunitarios", sostuvo la legisladora de izquierda.

Durante el debate parlamentario, la izquierda expuso el entramado político y judicial que garantiza estos procedimientos. La bancada denunció que la UCR y el PJ pretendieron incluir en 2023 artículos sobre "desalojos exprés" en la reforma constitucional y que, aunque la movilización popular los obligó a retirarlos del texto final, hoy buscan aplicarlos por la vía de los hechos.

Asimismo, se señaló que este accionar en Jujuy cuenta con el blindaje del Gobierno nacional tras la derogación por decreto de la Ley 26.160 —norma que suspendía las ejecuciones contra comunidades originarias—. En este marco, tanto la gestión provincial del gobernador Carlos Sadir como la intendencia peronista de Karina Paniagua en Humahuaca actuaron como garantes del despojo.

Ante los intentos de los bloques mayoritarios por cerrar las puertas de la Legislatura y tratar livianamente la destrucción de los hogares comunitarios, Morales enfatizó que el pueblo jujeño no dará un paso atrás:
"Se equivocan si piensan que con fallos, represión o mentiras racistas en redes van a disciplinar a las comunidades. La respuesta ya la dieron decenas de miles en las calles el pasado 6 de agosto contra la extranjerización y la entrega de la tierra. Ganamos esa pulseada y vamos a seguir acompañando a cada familia hasta que se haga justicia".

Desde el bloque PTS FITU compuesto también por Alejandro Vilca, Gastón Remy y Lamia Debbo, exigieron el cese de la violencia estatal contra las comunidades y los desalojos como también la restitución integral de las tierras y reparación a las familias despojadas de la comunidad de Santa Rosa en Humahuaca. 

La campana de madera 

En el recinto, la legiladora Noelia Quispe,  ex concejal de Humahuaca que en el 2023 denunció a pobladores que repudiaban la reforma de la Constitución. Fue ella quien expuso en la sesión que " es un conflicto interno y que el gobierno le dio una casa de 2 pisos para que la familia despojada vaya a vivir, y rechazaron", mostró la fotografía, desconociendo que es un conflicto de territorio. Apuntó que hay utilización política y desinformación en los medios. 

En esa sintonia,  Angélica Castillo presidenta de la comisión de pueblos indígenas de la Legislatura señaló que " es un conflicto privado y que ella conoce la vida comunitaria". La legisladora fue presidenta de una comunidad de Salinas dio apoyo a una minera, fue comisionada municipal en El Moreno y hoy legisladora provincial oficialista. 

Y Yael Navarro tambien legislador radical, redujo la represión a una "escena circense, desinformación en los medios y avaló la represión por la causa en la justicia"

Los legisladores oficialistas no promovieron convocar a la comunidad Santa Rosa de Humahuaca para conocer detalles y colaborar . Solo argumentaron la expresión oficialista,  con un perfil deshumanizado, negacionista.

Lo cierto es que las familias afectadas se encuentran resisitendo en permanencia a la intemperie en su territorio. Defendiendo la ancestralidad que heredaron.