Una denuncia por corrupción que salpica al Ejecutivo provincial y que ya tuvo su primera baja: Matías Ustarez Carrillo renunció como juez del Juzgado Contravencional Nº1.
Si bien la causa viene desde hace tiempo, fue el fiscal del MPA, Diego Funes quien imputó al juez que depende del Ministerio de Seguridad. El desvío de más 500 millones de pesos, el desencadenante de la decisión.
Ustarez fue acusado de incumplimiento a los deberes como funcionario público, aunque previamente su secretaria ya había sido acusada junto a efectivos de Seguridad Vial de la provincia por asociación ilícita, obstrucción del acto funcional, estorbo o impedimento, destrucción de instrumentos, mutilación de expediente y cohecho activo y pasivos.
El dinero que manejan los Juzgados proviene de las causas iniciadas en el fuero Contravencional que dependen del ministerio de Seguridad de la provincia. Tal como indicó un informe que realizó el propio Ustarez, desde que se aplicó el Código en 2016, se abrieron un total de 37.913 causas.
Tal como señala el art. 35 de la normativa “el valor de la multa se determinará en unidades fijas denominadas Unidad de Multa (UM), cada una de las cuales equivaldrá al 10% del salario mínimo vital y móvil, vigente a la fecha de imposición de la sanción. La pena de multa deberá ser abonada mediante depósito bancario en la cuenta que al efecto habilite el agente financiero de la Provincia de Jujuy, con entrega de comprobantes ante la autoridad administrativa encargada del control del cumplimiento de las sentencias”. Asimismo, el siguiente artículo establece que los fondos obtenidos de estas sanciones económicas tienen como destino un Fondo Especial de Seguridad. Esto, teniendo en cuenta que los Juzgados Contravencionales no dependen del ámbito de la justicia, sino que están bajo la órbita del Ministerio de Seguridad.
Pese a la claridad de la ley, el ahora ex juez Contravencional nunca informó el destino de los fondos a la cartera del Ejecutivo.
Aunque la bomba estalló por el cierre de la investigación y pedido de elevación a juicio oral por parte del fiscal del MPA Diego Funes, este también fue denunciando por la misma maniobra, teniendo en cuenta que el Ministerio Público de la Acusación es el organismo encargado de investigar estas contravenciones.