Más que un operativo de control pareció un robo y por ello, funcionarios de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy fueron denunciados tras haberse llevado mercadería de emprendedores que se encontraban en la peatonal Belgrano.
El hecho ocurrió en la noche del miércoles, cuando alrededor de 5 hombres sin identificación, aunque con indumentaria de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, se bajaron de una camioneta blanca y se dirigieron hasta los lugares donde estaban vendedores exponiendo su mercadería en el suelo. Ante el reconocimiento de los inspectores de Control Comercial, vendedores tomaron sus cosas y se retiraron del lugar de forma intempestiva. Sin embargo, una mujer sufrió la quita de una caja que intentó recuperar.
El operativo contó con toda la ilegalidad posible: los funcionarios no sólo no estaban identificados, sino que además no entregaron la documentación del decomiso, violando así la ordenanza municipal 7474/20, en la cual establece en el art. 42: “La falta de autorización en cualquiera de las modalidades previstas en la presente ordenanza, traerá aparejado de inmediato el secuestro de las mercaderías y la remoción o retiro de los elementos escaparates, construcciones, etc., en que se los portaren, remitiéndose de inmediato las actuaciones al Juzgado de Faltas. Las Faltas de autorización expresa y formal por el Organismo competente, será sancionada con multas del 50% del 100% del valor de las mercaderías secuestradas, previa notificación”.
Según establece la normativa, el sitio donde se encontraba la damnificada es parte de la Zona Tercera, donde hay dos categorías autorizadas para la venta, aquellas que se consideren como parada fija transitoria, la cual permite la comercialización en la vía pública a CEP (comerciantes de la Economía Popular) trabajar “en lugares fijos debidamente autorizados, por un tiempo no mayor a 12 horas, desarmando e instalando su puesto diariamente”, detalla la ordenanza o, parada fija permanente, donde se establece la ocupación del espacio público durante un tiempo prolongado y, cuyo puesto no es desarmado diariamente. Bajo estas categorías, la víctima del decomiso-robo entraría bajo la primera categoría, pudiendo comerciar los rubros A (Alimentos procesados a base azucaradas), C (Artículos textiles pequeños, de temporada y bijouterie -gorros, guantes, bufandas, medias, cuellos polares, short, gorras y viseras, ojotas, manteles, pañuelos, bijouterie, paraguas, pequeños artículos de electrónica similares, perfumería, cosméticos y productos de higiene personal) y E (Lustre de calzados y Ventas de diarios, revistas, publicaciones periodísticas y libros).
Eso sin contar que la ordenanza omitió un fallo judicial que, en 2019, que prohibía el decomiso de mercadería a vendedores ambulantes.
El malestar generalizado de vendedores se debe, no solo al operativo ilegal -lo que convertiría el decomiso en un robo, tal como denunció la mujer en la justicia- sino también por la violencia utilizada y el abuso de poder de los funcionarios de Control Comercial. Según indicaron vecinos de uno de los agentes, instigó a vendedoras que están en las inmediaciones del Hospital Pablo Soria, a quienes también decomisó de forma agresiva. Asimismo, señalaron que, pese a tener varias denuncias en su contra, estas no prosperan porque desde el municipio -al cual entró por acomodo- lo protege.