JUJUY

La familia apunta a un proyecto hotelero

La crueldad del gobierno de Sadir, intimaron a abuelos de más de 70 años a abandonar sus tierras

Ocurre con una familia indígena de la comunidad de CIPAQUI, en Tumbaya. La Fiscalía de Estado le dio un plazo de 15 días para desocupar las tierras que heredaron de sus padres y abuelos

La crueldad del gobierno de Sadir, intimaron a abuelos de más de 70 años a abandonar sus tierras

 

Un proyecto hotelero y dos personas adultas mayores a punto de ser despojadas de las tierras que heredaron de sus padres y abuelos, otra muestra que la crueldad no es una política exclusiva del gobierno libertario, sino también de la gestión radical en Jujuy.

El conflicto ya viene arrastrándose desde noviembre de 2025: en ese entonces, una familia de la comunidad indígena de CIPAQUI recibía una notificación de desalojo de las tierras que ocupan en Patacal, departamento de Tumbaya. Ubicada en una zona declarada como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, la familia logró suspender el avance de forma temporal, incluso, el mismo intendente de Purmamarca, Humberto López sostuvo en medios de comunicación que no iban a ser desalojadas. Pasaron los meses y la Fiscalía de Estado volvió a notificar sobre el despojo.

Fue el procurador del Tesoro de la provincia, Facundo Luna, que pidió al abuelo Tito Quival a que en un plazo de 15 días desocupe las tierras. Él, junto a otra persona mayor -tienen 70 y 80 años- heredaron estás tierras de sus padres y abuelos.

Las tierras se ubican en Paraje Esquina Amarilla de Patacal, donde habita la Comunidad de CIPAQUI (por las localidades de La Ciénaga, Patacal y Quisquiri). Allí, trabajan la tierra y tienen sembradíos con los cuales subsisten.

 

Sembradíos de la familia Quival

Sembradíos de la familia Quival

Según la intimación de desalojo, el abuelo Quival y su familia no tienen “derecho y/o título hábil para permanecer” en la parcela en disputa, por lo que las tierras deben ser restituidas al Estado provincial, caso contrario, se iniciarán acciones legales, como así también el cobro por la ocupación. Contrario a lo expuesto en la notificación, la comunidad cuenta desde 2010 con personería jurídica, por lo cual, cuentan con la delimitación de las tierras que ocupan en la actualidad unas 60 familias, documentación fue presentada en Casa de Gobierno, la Legislatura y la Secretaría de Pueblos Indígenas en noviembre del año pasado con el fin que se rectifique la orden de desalojo de ese entonces.

La nueva notificación de desalojo expone que ninguna de las instituciones del Estado tuvo en cuenta la situación legal presentada por la familia Quival para evitar el despojo de las tierras.

 



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