JUJUY

Brindaron una conferencia de prensa

La llamativa ausencia de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia en el desalojo de la comunidad de Tilquiza

El cacique Néstor Jerez comentó que el día anterior al operativo, se comunicó con la titular del organismo para que intercediera, cosa que no sucedió. Una de las detenidas indicó que Morales usa a Sarapura para dividirlos

La llamativa ausencia de la Secretaría de Pueblos Indígenas de la provincia en el desalojo de la comunidad de Tilquiza

 

Al violento desalojo que sufrieron el miércoles, integrantes de la comunidad aborigen de Tilquiza del pueblo Ocloya le tuvieron que sumar el hostigamiento que se vivió en la sede de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación en la provincia, donde esta mañana brindaron una conferencia de prensa y en la cual se notó la presencia de un grupo de efectivos policiales.

Seguridad policial que nadie habia solicitado en el lugar. El cacique Néstor Jerez expreso en conferecnia que realizo llamados a la Secretaría de Pueblos Indígenas, pero esta no bregó por  garantizar los derechos de las comunidades, algo que se notó ante la llamativa ausencia al pedido de la comunidad antes de sufrir el desalojo y la violencia institucioanl que sufrieron.

Enumerando una larga lista de violaciones de leyes nacionales, acuerdos internacionales y hasta el propio protocolo de actuación que firmó el fiscal general del MPA, el cacique  Jérez consideró que el desalojo fue un “atropello arbitrario, desmedido donde se han violado todos nuestros derechos”.

Todo ello, a pesar que el día anterior habían hecho llegar a la titular del organismo jujeño, Yolanda Cruz el pedido para que interceda ante el MPA ante la notificación de la orden desalojo de la comunidad del camino en conflicto.

A pesar del llamado que realizaron a Cruz, para que los acompañara y garantizara el cumplimiento de sus derechos, la única respuesta fue que no existía una intimación de desalojo. Algo que efectivamente sí ocurrió: “la Secretaría ha incumplido con su función como garante de los derechos indígenas” expuso Jerez.

Y agregó “hemos sido imputados, nos han llevado, nos han pintado los dedos y nos están caratulando por entorpecimiento de libre circulación, como así también de la turbación de la posesión, cuando claramente según dicen el protocolo, que cuando se cita una acción posesoria no puede estar en el ámbito penal, aquí existe un juicio en el ámbito civil desde 2010” explicó Jerez sobre el expediente que continua vigentes en relación a la instrumentación de la propiedad comunitaria indígena.

Entre las mujeres de la comunidad detenidas se encontraba Mercedes Galán quien directamente apuntó contra la ministra Natalia Sarapura, al señalar que al conocer como piensan, es usada por Morales para divirlos.

“No nos llamó, ni movieron un dedo para que la justicia actúe como tal” sostuvo la comunera respecto a Sarapura, que en algún momento supo defender los derechos de los pueblos indígenas en Jujuy y por ello, se convirtió en una referente en el área.

Galán recordó los comienzos de Sarapura “cuando nosotros empezamos a andar por la justicia para reclamar nuestro territorio, ella estuvo ahí” contando el caso de un conflicto particular con un privado que quería despojar de sus tierras a una familia y sostuvo “fue hablar con nosotros y nos ayudó, estuvimos muy felices y muy agradecidos a ella siempre, pero ahora ya está sentada en la mesa redonda” comparó con la actitud que tomó la ministra de Desarrollo Humano.

Sobre el desalojo y el cierre del camino ancestral, la mujer manifestó “vemos que se siguen burlando los derechos de los pueblos originarios, ellos en su mente tienen el saqueo de nuestros territorios, expulsarnos, dividirnos, porque sabemos, nos damos cuenta que así dividiéndonos ellos pueden entrar a nuestras casas, ellos saben que nosotros en el campo, en la montaña somos pobres, la única riqueza que tenemos es nuestro territorio, nuestra casa, donde vivimos y criamos a nuestros animales y comemos gracias a nuestro territorio”.

Por último, la mujer opinó sobre Sarapura: “ella es originaria, conoce bien nuestra forma de vida porque es igual que nosotros, entonces para mí Morales la usa a ella para sacarnos y cómo nos pueden manejar a nosotros, por dónde pueden entrar para dividirnos”.

La conferencia de prensa se realizo en la sede de la Secretaria de Derechos humanos en Jujuy, donde su titular Anabel Yacianci, adhirio al relato de Jerez sobre los hechos, y expusó la presencia innecesaria de efectivos de la policia de la provinica intimidando a la comunidad en la puerta de la oficina. Asi también recordó que viene acompañando a los diferentes sectores que son vulnerados en sus derechos.

En la misma sintonia Laura Alavarez Carreras coordinadora provincial  del programa Acercar Derechos en Jujuy, dependiente del ministerio de Mujeres, Genero y diversidad señaló que estuvieron asistiendo a las mujeres indigenas que fueron violentadas el miércoles pasado en Tilquiza. 

Asi tambien la Secretaria de Agricultura Familiar en Jujuy, Anastasia Garcia puso enfásis en los territorios de las comunidades indigenas y campesinas que son permanentemente violentados, situación que repudian y acompañan a las comunidades a buscar justicia. También estuvo Walter Soriano, titutla del INADI  Jujuy quien relato los hechos vividos junto a la comunidad, y puso enfásis en la preocupación por el incumplimiento de los derechos indígenas. La discriminación a los pueblos indigenas por parte de una justicia que responde a otros sectores interesados.  
 

Un protocolo de actuación del MPA que el organismo no cumple

Durante la conferencia de prensa, el cacique de la comunidad de Tilquiza hizo mención al protocolo que firmó en mayo de 2021 el fiscal general del MPA, Sergio Lello Sánchez y que sus funcionarios omitieron su implementación el día miércoles.

Al respecto, la ONG que nuclea a abogados/as, ANDHES referenció como una “grave vulneración de los Derechos Humanos de los Pueblos Indígenas” por parte de los organismos que debieran velar por la justicia.

“El pasado 17 de mayo de 2022 una resolución de la Jueza Ana Maria del Huerto Sapaj de Camara Civil y Comercial sala II vocalía 6, había autorizado al Sr. Verzini a ‘colocar candados en los accesos de su propiedad y a finalizar la construcción del galpón para la guarda de alimentos’, alegando derechos humanos del mismo”, señalaron en un comunicado.

Y cuestionaron “esta decisión judicial, carente de perspectiva de derecho indígena, provocó que el único camino ancestral y tradicional de acceso al territorio comunitario se vea obstaculizado por un candado que impidió a la Comunidad pasar a territorio comunitario, e ingresar alimentos indispensables para la subsistencia”.

“Enterados de la disposición de la jueza civil, la comunidad organizó diferentes Asambleas abiertas de pueblos indígenas a fin de visibilizar sus legítimos reclamos, siendo una de ellas la realizada el pasado miércoles 14 de septiembre” señala el documento y continúa especificando “ese mismo día se llevó a cabo un desalojo arbitrario y desproporcionado por órdenes del fiscal Alejandro Maldonado y el ayudante fiscal Ivan Monaldi Pancich, quienes afectaron 10 móviles repletos de personal de la fuerza pública ante una protesta pacífica realizada por miembros de la Comunidad, resultando como consecuencia de ello la violenta detención, de nueve personas de la Comunidad, entre ellos ancianas, niñas y mujeres indígenas”.

Por ello, ANDHES instó al “MPA, a su fiscal General, Lello Sánchez y demás fiscales especializados a que garanticen el cumplimiento del “Protocolo para el abordaje en conflictividades de tierras y las comunidades aborígenes” aprobado por resolución N°2261/2021, ya que el mismo vela por el efectivo cumplimiento de los Tratados Internacionales de protección de los derechos de los Pueblos Indígenas, como el Convenio 169 de la OIT, y la consecuente normativa nacional, entre ellas la ley N° 26.160 que establece la emergencia en materia de posesión de las tierras que tradicionalmente ocupan las comunidades aborígenes”.

“Además, dicho protocolo ordena a los fiscales no disponer desalojos cuando se afecten los derechos colectivos de los Pueblos Indígenas, y otorgar participación a los organismos del Estado garantes de los Derechos de los Pueblos Indígenas, lo cual claramente no ocurrió en este caso”.

Concluyendo, el comunicado resalta la “necesidad y urgencia de una justicia con perspectiva de Derecho Indigena que valore el vínculo de los pueblos indígenas con el territorio, la cosmovisión del Buen Vivir, la espiritualidad y su cultura, a fin de garantizar el real y efectivo acceso a la justicia de los Pueblos Indígenas”.



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