Primeros los rumores y un silencio que duró varios días hasta que se hizo inevitable dar las explicaciones del caso antes del inicio del periodo legislativo: Noemí Isasmendi denunció a militantes que la acompañaron en la campaña de mayo.
El conflicto se inició a fines de febrero cuando antes de la apertura de sesiones en la Legislatura jujeña se comenzó a comentar el cierre de Isasmendi con Rubén Rivarola. Sin confirmación, dentro de un grupo de WhatsApp, militantes instaron a que Isasmendi confirmara si era así, además de exigir que respetara la voluntad popular y dejara libre la banca de ser cierto. La diputada se llamó a silencio. Recién unas horas antes del discurso de Carlos Sadir en el parlamento provincial lanzó un comunicado donde manifestó “la banca que ocupo en el bloque justicialista se enmarca en razones estrictamente reglamentarias y funcionales, conforme a la normativa que regula la organización interna de esta Legislatura” confirmando el traspaso.
Los reclamos a Isasmendi fueron “acalorados”, pero se dieron en un contexto donde la legisladora decidió formar parte de un bloque que realizó una campaña de violencia y desprestigio contra la referente de La Cámpora, Leila Chaher.
“Denunció a una mujer trans” detalló la abogada Alicia Chalabe, quien junto a su par Natacha Freijó tomaron la defensa de Luli Quispe, referente de Diversidad Peronista. Lo extraño es que Isasmendi apuntó contra Quispe y tres personas más cuando la discusión incluyó a centenar de militantes que también le recriminaron el traspaso. En ese sentido, Chalabe indicó “la denuncia la realizó la diputada Noemí Isasmendi a partir de unos mensajes de WhatsApp que se realizaron en un grupo de Fuerza Patria”.
Será el miércoles de esta semana que se concrete la audiencia de imputación, aunque la dirigenta de Diversidad Peronista ya se le impuso como medida preventiva la prohibición de expresar opiniones en las redes sociales, además de no acercarse a la diputada”.
Hasta el momento, la causa quedó tipificada “como atípica, por supuesto, porque esto se enmarca en una militante de una fuerza política partidaria, donde se expresan opiniones y donde los referentes de ese partido preguntamos cuál fue la razón y la explicación por la cual la diputada Isasmendi decidió dejar esa fuerza, explicación que no dio en ese grupo y a los referentes”, apuntó Chalabe.
Isasmendi se valió del argumento de “violencia política” para apuntar contra quienes hicieron campaña para que ella formara parte de la Legislatura. Sobre esa línea, la Red de Mujeres Políticas -a la cual la diputada pertenece- recordó en sus redes sociales la modificación de la ley Nº26.485 de Protección Integral a las Mujeres y que incorpora este término en la cual por “razones de género, mediando intimidación, hostigamiento, deshonra, descredito, persecución, acoso y/o amenazas impida o limite el desarrollo propio de la vida política o el acceso a derechos y deberes políticos, atentando contra la normativa vigente en materia de representación política de las mujeres y/o desalentando o menoscabando el ejercicio político o la actividad política de las mujeres, pudiendo ocurrir en cualquier espacio de la vida pública y política, tales como instituciones estatales, recintos de votación, partidos políticos, organizaciones sociales, asociaciones sindicales, medios de comunicación, entre otros”.
Lo cierto es que Isasmendi no se ve impedida de ejercer su rol de diputada, ni limitada su participación en la vida pública.
Asimismo, llama la atención que la Red de Mujeres Políticas haya salido en una defensa férrea de Isasmendi con un comunicado que respondía directamente a militantes de Fuerza Patria señalando “la banca pertenece a la voluntad popular y al mandato conferido por la ciudadanía, no a una agrupación política específica que pretenda actuar como tribunal de conducta”, pero no tomó la misma postura cuando en campaña dirigentes del Frente Primero Jujuy Avanza menoscabaron la figura de Chaher, incluso Haquim en un acto advirtió que “los compañeros van a ir a tomar el partido justicialista y van a ir a echar a la mierda a esos interventores”.
La defensa a Isasmendi también apuntó al respeto del debate democrático, debate que se queda cercenado cuando ante una opinión política es factible de denuncia.
