JUJUY

Solicitaron a Seguridad que se abstenga de realizar acciones

Organizaciones buscan amparo de la justicia jujeña frente una movilización para este miércoles

Ante la violación de los derechos elementales de organización, protesta y expresión, dirigentes políticos, sindicales y sociales presentaron un habeas corpus colectivo para garantizar su libertad

Organizaciones buscan amparo de la justicia jujeña frente una movilización para este miércoles

 

El clima de hostigamiento y persecución que se vive en Jujuy bajo la gestión de Gerardo Morales hizo que organizaciones sociales, políticas y sindicales debieran recurrir a la justicia provincial para que esta garantice la libertad de dirigentes ante la movilización que preparan para este miércoles.

En un habeas corpus colectivo preventivo, el abogado Luis Paz, en representación de una gran cantidad dirigentes -entre los que se encuentran varios de los allanados el pasado 6 de julio, como así también la diputada Natalia Morales (MC) y el concejal Gastón Remy, ambos del FIT; como de delegados sindicales y sindicalistas como Fernando Acosta-, espera que la justicia haga cumplir las normas vigentes sobre la libertad de organización, protesta y expresión, ante los reiterados casos de armado de causas contra quienes se manifiestan, bajo la utilización del Código Contravencional.

Según señala el amparo, la medida responde a que “tememos por nuestra libertad e integridad física, al ejercer legítimamente el derecho a protestar, el derecho de reunión y el derecho a la libertad de expresión”.

Frente a ello, el habeas corpus pretende que “tanto el Poder Ejecutivo provincial, el Poder Judicial y el organismo extra-poder Ministerio Público de la Acusación nos informen cómo se garantiza en la provincia de Jujuy los derechos previstos en los artículos dela Constitución nacional”, en referencia a la libertad de expresión y/o derecho a asociarse.

Asimismo, el documento destaca que “en materia de protesta social existen estándares sobre los derechos humanos involucrados, que no se están respetando, como así también obligaciones que deben guiar la respuesta estatal, que no se están cumpliendo” en Jujuy.

Tal es así, que otro de los pedidos a la justicia es que ordene al Ministerio de Seguridad como al MPA “se abstengan de realizar actos que amenacen o perturben la libertad ambulatoria de los y las trabajadores” durante la jornada de protesta de mañana, pero también en cualquier circunstancia en la vía pública.

 

Clima hostil generalizado

Por otra parte, el habeas corpus colectivo preventivo aclara sobre este pedido de amparo responde al clima de persecución y hostigamiento que se vive en la provincia hacia dirigentes, con el claro objetivo de criminalizar los reclamos y que, hasta llegan a violar leyes nacionales como la de Inteligencia o la de Seguridad Interior apuntando hacia las infiltraciones en organizaciones sociales y el espionaje a figuras de la política.

A modo de ejemplo, apuntaron a las 10 detenciones ocurridas entre los meses de marzo y agosto de manifestantes y el inicio de causas penales en su contra.

Sobre ello, el documento señala que son “preocupantes las acciones de inteligencia que realiza la policía de la provincia sobre las organizaciones sociales, (…) en numerosas oportunidades las organizaciones han sufrido infiltraciones por parte de personal policial en sus columnas de manifestantes por lo que han debido de reforzar las tareas de seguridad interna o son permanentemente fotografiados y filmado por parte de la policía cuando realizan protestas, tanto personal uniformado como por personal de civil, el registro sobre datos personales y de las organizaciones”.

Asimismo, enumeraron hechos que violan los derechos de las personas y que continúan hasta la fecha:

  • Privaciones de la libertad al margen de lo fijado por el sistema constitucional, transformando la manifestación social y la libertad de expresión en causas de detención
  • Apartamiento del sistema de garantías penales confirme tendencia al derecho penal de enemigo, la persecución penal no radica en lo que uno hace, sino en lo que uno es y por su pertenencia política, e ideológica
  • Allanamiento de domicilios en horas de la noche, sin argumento legal para tal excepcionalidad, uso excesivo de la fuerza, grupos armados pasando por arriba de la intimidad y la honra
  • Persecuciones en la vía pública, como restricción de la libertad ambulatoria que esto supone, amenazas directas
  • Avances sobre la conformación del poder judicial con el fin de consolidar su ya tradicional tendencia conservadora y asegurarse la actuación sin los límites que debe poner la Carta Magna
  • Actuación del poder judicial bajo presión, directa injerencia de quienes ejercen ese poder por vías de hecho
  • Resoluciones judiciales que después de producidas las detenciones intentan blanquear las privaciones de la libertad, dando de legitimar lo que no solo es nulo de nulidad absoluta e inconstitucional
  • El avance del MPA con el fin de lograr la persecución ilimitada y controlada, persiguiendo fijamente a quien por ser un disidente político han transformado en un enemigo al que tratan de aniquilar
  • Avances sobre jueces/as, funcionarios/as, jueces de control denunciados, y algunos procesados. El traslado de fiscales en la investigación preliminar de causa sin dar razones legales al efecto
  • Creación de normas específicas y sin respeto por el sistema democrático y republicano de gobierno, con aparente formalidad pero sustancialmente inconstitucional, cómo es el código contravencional específicamente en su Artículo 113, destinado a criminalizar formas tradicionales de ejercicios de la protesta.


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