Otro desalojo en puerta a una comunidad indígena en Jujuy, la justicia revocó el sobreseimiento

Pasó más de un año que integrantes de la comunidad indígena Las Capillas del Pueblo Ocloya eran sobreseídos en una causa por usurpación por un conflicto territorial con la empresa minera Piuquenes, sobreseimiento que fue revocado por la Corte Suprema de la provincia, por lo que comuneros y comuneras temen ser desalojados de las tierras que ocupan ancestralmente.

Fue en la jornada de este jueves que efectivos policiales llegaron hasta localidad de Tilquiza -lugar donde se asienta el pueblo indígena y con reconocimiento tanto del Estado provincial como nacional- para hacer llegar las notificaciones respecto al revocamiento del sobreseimiento de comuneros y comuneras que fueran acusados de usurpación. El fallo de los jueces Martín Francisco Llamas, Emma María Mercedes Arias y Federico Francisco Otaola de la Corte Suprema se contrapone con lo resuelto en julio de 2025 por el juez Martin de Athayde Moncorvo, quien dictó el sobreseimiento al considerar que se había extinguido la acción penal por prescripción, fallo que luego fuera ratificado por el Tribunal de Revisión.

El conflicto territorial nace en 2016, cuando la minera Piuquenes pretende hacerse de las tierras que habita la comunidad de Las Capillas. Así, en 2019, comuneros y comuneras fueron denunciados por usurpación en respuesta a la protesta que realizaron por el cierre del camino ancestral donde Enrique Daniel Verzini -quien dice ser el propietario- puso en el portón un candado. La respuesta del empresario fue la denuncia por usurpación, aunque la justicia ya había fallado previamente sobre la liberación del paso. Desde ese entonces, fueron varios los intentos de desalojo que intentó la empresa, todos sin éxito frente a la documentación que presentó la comunidad respecto a la ocupación y posesión de las tierras: con personería jurídica y carpeta del ReTeCI (Relevamiento Territorial de Comunidades Indígenas).

Una situación similar ocurría septiembre de 2022, cuando nuevamente el empresario cerró el pasó a la comunidad, aunque la respuesta por parte del Estado provincial fue distinta: manifestándose de forma pacífica frente al portón, un operativo policial de casi 100 efectivos y sin orden judicial, detuvieron a integrantes de la comunidad y que incluyó a mujeres ancianas y menores de edad, bajo la acusación de “entorpecimiento de libre circulación” y “turbación de la posesión”. El violento desalojo fue repudiado por el INADI en Jujuy y el INAI -Instituto Nacional de Asuntos Indígenas-.